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Tras el anuncio presidencial, algunas provincias evalúan limitar ingreso de familiares

Tras reclamar vía Pacto Fiscal que las provincias bajen los gastos, ahora la Nación metió más presión a sus aliados al anunciar medidas para bajar el gasto político, tales como reducir 25% los cargos de la alta dirección pública, congelar sueldos o despedir a los familiares de los ministros. La iniciativa que tiene más valor […]

Tras reclamar vía Pacto Fiscal que las provincias bajen los gastos, ahora la Nación metió más presión a sus aliados al anunciar medidas para bajar el gasto político, tales como reducir 25% los cargos de la alta dirección pública, congelar sueldos o despedir a los familiares de los ministros. La iniciativa que tiene más valor simbólico que económico podría ser imitada en la Ciudad de Buenos Aires, donde gobierna el oficialista Horacio Rodríguez Larreta. Mientras que en la provincia de Buenos Aires, María Eugenia Vidal, también de Cambiemos, se resistiría a las medidas.

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“Están en análisis”, admitieron en la Ciudad, en alusión al paquete de medidas que anunció ayer Macri. Una de las iniciativas que podría ser replicada en el gobierno porteño es excluir a los familiares directos de los ministros, tal como anunció ayer el Presidente. A su vez, congelar sueldos por 2018 o reducir el 25% de los cargos políticos no estarían en agenda.

Es que en Ciudad ya tienen preparada una reestructuración de la planta porteña. De hecho, en diciembre, Rodríguez Larreta anunció a distintos medios que prepara un decreto en el que recortaría 120 cargos jerárquicos y cerraría algunas dependencias del organigrama. Al igual que Macri, el jefe de Gobierno porteño deberá modificar la Ley de Ministerios.

Además, Larreta quiere poner tope al sueldo de los directores, síndicos, personal jerárquico de las sociedades anónimas y sociedades del Estado, entes autárquicos y descentralizados. Con estas medidas, ahorraría $ 1000 millones la Ciudad, muy cerca del recorte que prometió el Presidente ($1500 millones por año).

En la provincia de Buenos AIres, rechazan la posibilidad de congelar los salarios de los funcionarios. La gobernadora, que es la referente del PRO con mejor imagen, ya envió una nueva Ley de Ministerios con la que prevé recortar en unos $ 600 millones el gasto político de la administración bonaerense al eliminar alrededor de 221 cargos, entre otras medidas. Ahora bien, todavía la Provincia no definió si implementará alguna medida más simbólica como el despido de familiares de ministros. Asesores de Vidal rechazan la iniciativa, pero otros consideran que sería lógico que sigan la medida de Macri.

Una provincia aliada, como Mendoza, tampoco planea congelar sueldos. El gobernador y titular de la UCR, Alfredo Cornejo, recortó el 35% de los cargos políticos de la provincia el último año, afirmaron en el distrito cuyano. Además, aseguran que el mandatario ya se rebajó el sueldo un 20% por recortes en los adicionales por antigüedad y título universitario.

En Jujuy, la otra provincia radical, les parece imposible poner trabas al ingreso de familiares al Estado. El gobernador Gerardo Morales, sin emitir ningún decreto, bajó línea entre sus ministros para que congelen la planta por todo 2018, aunque permiten incorporaciones en Educación y Salud. Ahora bien, en marzo viajará el ministro de Modernización, Andrés Ibarra, para que definan un plan de desburocratización del Estado, tal como aprobó la Nación por decreto dos semanas atrás.

En la provincia de Corrientes, también aliada al oficialismo, advierten que “no ampliaron” el gabinete, luego de los dos mandatos consecutivos de Ricardo Colombi. En cambio, el intendente de la capital de la provincia, el radical Eduardo Tassano, asegura que reducirá alrededor de 100 cargos de directores y otros altos puestos.

En tanto, en Tierra del Fuego, donde gobierna la peronista Rosana Bertone, de buen diálogo con el Gobierno, también planean congelar la planta estatal por todo 2018. A la mandataria no le sorprendió las trabas para designar familiares que anunció Macri. Es que la constitución fueguina impide al gobernador designar a familiares hasta el segundo lazo de consanguíneo.

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