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En el día de ayer Myriam Bregman, referente del CeProDH y Presidenta de la Comisión contra la Violencia Institucional en la Legislatura de la Ciudad, junto a María del Carmen Verdú, reconocida abogada y luchadora contra la represión estatal y Carla Lacorte, víctima y sobreviviente del gatillo fácil, presentaron ante la Justicia un pedido de nulidad de la resolución 956/2018, dispuesta por la cartera que conduce Patricia Bullrich.

La aplicación de pena de muerte sumaria en diversos casos que exceden ampliamente la “legítima defensa”, la proporcionalidad y racionalidad en el uso de la fuerza y/o el medio empleado para repeler una eventual agresión del particular, o el denominado “cumplimiento del deber”.

Asimismo Bregman destacó que “está resolución llega después de días críticos; el intento de cerrar la causa de Santiago Maldonado como mensaje de impunidad, el asesinato brutal de Rodolfo Orellana de CTEP en La Matanza, y la represión a conflictos gremiales como SIAM”

Este lunes se autorizó a las fuerzas de seguridad a emplear armas de fuego en casi todas las situaciones de intervención frente a un hecho delictivo: en defensa propia, para impedir la comisión de un delito, para proceder a la detención o para impedir la fuga. Además, redefine de manera amplia y flexible los casos de peligro inminente.

La ministra Patricia Bullrich redacto el nuevo reglamento para el uso de armas de fuego. En este reglamento se autoriza el uso de armas de fuego en caso de “peligro inminente”, incluyendo casos en los cuales el sospechoso se de a la fuga, ante la presunción de que el sospecho contenga un arma letal, o actuar bajo amenaza.

El protocolo autorizado hoy por el presidente Mauricio Macri pone como condición el “peligro inminente”.

“Es lisa y llanamente, legitimar el gatillo fácil”, alertaron desde Correpi tras conocer el reglamento publicado en el Boletín Oficial. De acuerdo al Archivo de Casos que elaboro la organización antirepresiva, en la Argentina 5462 personas murieron por violencia institucional desde la vuelta de la democracia, y de ese total de casos, 725 ocurrieron durante los primeros dos años de gobierno de Cambiemos.