Los senadores provinciales por el FPV, Angel Giano y Lucas Larrarte, presentaron un proyecto de repudio ante la decisión del juez Claudio Bonadío de destruir decenas de miles de cunas-moisés del Plan Qunita.

“Nos pronunciamos por la no destrucción de las mismas (cunas), independientemente de aspectos vinculados con su compra o licitación, requiriendo que el Poder Ejecutivo Nacional tome los recaudos, acciones y medidas pertinentes” indicaron los legisladores quienes destacaron que la distribución de las cunas permite disminuir los índices de mortalidad infantil.

El proyecto ingresado por los legisladores Ángel Giano, y Lucas Larrarte (FPV), en la última sesión ordinaria, y que será tratado en el próximo plenario de senadores, declara “preocupación y repudia la decisión del juez Claudio Bonadío, que ordenó quemar 60 mil cunas del Plan Qunita”.

Según Giano y Larrarte, la decisión del juez “afectará los derechos de millares de niñas y niños de las familias más humildes de nuestra Patria” señalan respecto de las cunas que actualmente están almacenadas, y que nunca llegaron a sus legítimos beneficiarios.

“Entre otras acciones, el programa proveía a los niños nacidos en las maternidades públicas del país de un equipo compuesto por diversos insumos, necesarios para los primeros meses de vida, especialmente una cuna-moisés y un saco de dormir”, explicó Giano, presidente del bloque del FPV. Destacó que el programa ha sido implementado desde hace ya más de una década en políticas públicas de países desarrollados. “El objetivo primordial de este programa es disminuir la Mortalidad Infantil, garantizando el control del embarazo y el nacimiento en maternidades seguras y también reducir la ocurrencia de aquellas muertes infantiles relacionadas con el colecho y con condiciones ambientales desfavorables, como una política inclusiva y niveladora del bienestar familiar” puntualizó.

Por eso, el proyecto presentado expresa: “Nos pronunciamos por la no destrucción de las mismas, independientemente de aspectos vinculados con su compra o licitación, requiriendo que el Poder Ejecutivo Nacional tome los recaudos, acciones y medidas pertinentes”.

Y agregaron: “Sabemos que en lo que a salud materno infantil se refiere, en instituciones del ámbito público y del ámbito privado, en las decenas de ciudades de todo del país, miles de familias se vieron beneficiadas a través del programa integral de acompañamiento materno infantil del Ministerio de Salud de la Nación”.

En los fundamentos los senadores indicaron que “el Programa Qunita distribuyó —desde el año pasado hasta los primeros meses de este año, cuando fue desactivado por el actual gobierno— 47 mil equipos, que fueron utilizados con felicidad por los niños y por sus familias, haciendo realidad el derecho al sueño seguro garantizado por el Estado”.

Y agregaron: “Cabe destacar que el magistrado toma esta decisión apoyado en informes técnicos parciales e insuficientes, desconociendo la ingente cantidad de documentos favorables producidos por expertos y por sociedades científicas, y el aporte invalorable de los testimonios de las familias que recibieron las cunas. Esta actitud del juez, agravada por su negativa para aceptar una instancia de intervención de entidades científicas y de universidades de prestigio, ha provocado el repudio de numerosas personas, expresado a través de documentos públicos, de medios y de las redes sociales”.

Desde el Ministerio Público Fiscal cuestionaron la resolución del juez, que ha sido rechazada por el magistrado, así como también un diputado de la Nación ha presentado una denuncia contra el juez por mal desempeño de sus funciones.