El fiscal de Estado de Entre Ríos, Julio Rodríguez Signes, fue electo nuevamente secretario de Derecho Público Provincial y Municipal de la Asociación Argentina de Derecho Administrativo (AADA).

Las autoridades fueron electas en la asamblea realizada este viernes en Tucumán, donde se realizó la XLII edición de las Jornadas Nacionales y XII Congreso Internacional de Derecho Administrativo, organizada por la Asociación Argentina de Derecho Administrativo (Aada). Al Frente de la entidad, fue electo Fernando García Pulles, que reemplaza al profesor santafecino Justo Reyna.

La secretaría de Derecho Público Provincial y Municipal de la AADA, coordina los trabajos de abogados administrativistas en todo el país, en los temas que cada jurisdicción propone.

Además, Rodríguez Signes participó como panelista del evento y abordó el tema «Recursos para hacer efectivos los derechos económicos, sociales y culturales».

En ese aspecto analizó el presupuesto nacional y el de las provincias para el año 2017 y las implicancias de la ley 27.260, que homologa los acuerdos de coparticipación Nación – Provincias.

El fiscal de Estado, señaló que “desde 1983 en adelante hemos asistido a una extraordinaria revolución favorable en materia de legislación, jurisprudencia, doctrina y práctica de los derechos fundamentales. Mientras hasta 1983 regía el Estatuto del Proceso de Reorganización Nacional, desde la recuperación de la democracia se puso en vigencia la Constitución, se reformó en 1994 otorgando jerarquía constitucional a los Tratados de Derechos Humanos y se modificó el Código Civil, con claro sentido constitucionalista”.

Sin embargo, destacó que para seguir avanzando en la efectivización de derechos, “enfrentamos restricciones importantes. Entre ellas el tema de los recursos y la organización administrativa”.

En materia de recursos señaló que “el gasto público nacional ascenderá a 2 billones 363 mil millones de pesos, pero los recursos serán de 1 billón 882 mil millones de pesos. Verificamos un problema de déficit significativo que viene arrastrándose”. Mientras el gasto del sector estatal nacional y provincial importa el 46 por ciento del PBI, los recursos alcanzan solo el 38 por ciento.

Además del desbalance presupuestario, Rodríguez Signes destacó que tenemos un gran problema a nivel del sistema previsional nacional, que absorbe el 40 por ciento del gasto y como no alcanzan los aportes y contribuciones inherentes al sistema, hay que apelar a los recursos tributarios, lo que resta financiamiento al resto de las funciones del Estado”. Las Provincias se perjudican directamente porque hay que hacer detracciones de la coparticipación para asistir el sistema previsional nacional.

Respecto de las provincias, informó que el gasto previsto para todas las jurisdicciones en 2.017 es de 1 billón 434 mil millones de pesos, mientras que los recursos solo alcanzan a 1 billón, 329 mil millones con lo cual la situación es deficitaria también, con el agravante que en casi todas las provincias la estructura el 90 por ciento del gasto se destina a remuneraciones, restando margen a la acción estatal”.

El fiscal de Estado entrerriano, destacó que “sin embargo, la ley 27.260 recientemente sancionada es positiva en el sentido que homologa los acuerdos para la devolución paulatina del 15 por ciento de detracción a las Provincias. Pero también crea dos ámbitos de discusión trascendentes: el de la comisión de reforma del sistema tributario argentino y el de la reforma del sistema previsional, que son oportunidades para abordar democráticamente los problemas y plantear soluciones”.