La justicia federal investiga una maniobra que consistía en la presentación de certificaciones laborales falsas para obtener beneficios jubilatorios. El perjuicio contra el Estado sería incalculable. La función del «dador múltiple».

Un abogado paranaense deberá comparecer en la justicia a raíz de una denuncia presentada por la delegación local de la Anses por haber presentado planillas de acreditación de servicios truchas para que una mujer pueda recibir una jubilación, cosa que efectivamente ocurrió, por lo que también la mujer fue acusada penalmente.

El abogado Carlos Alberto Albornoz fue imputado por los delitos de falsificación de documentos públicos y fraude contra la administración y deberá comparecer ante el juez Leandro Ríos, luego de que la Cámara Federal de Apelaciones rechazara el planteo de prescripción efectuado por el defensor oficial.

De acuerdo con la denuncia presentada por la Anses, Albornoz representaba a una mujer que el 18 de mayo de 2010 inició un trámite administrativo a fin de obtener el beneficio jubilatorio.

La mujer presentó documentos con los cuales acreditaba haber realizado servicios en una casa de familia entre el 1 de abril de 2000 y el 30 de noviembre de 2003. Las certificaciones laborales fueron homologadas por el organismo previsional y la mujer comenzó a percibir sus haberes. Pero cuatro años después se detectaron irregularidades en esa documentación, la Anses revocó el beneficio y denunció penalmente a Albornoz y a Graciela Beatriz Martínez, la jubilada.

Los peritos del organismo previsional detectaron que el supuesto empleador de la mujer, un tal Juan Domingo Berón, era una especie de «dador múltiple» de certificaciones laborales y, presuntamente, cobraba por hacerlo. De hecho, se detectó que su nombre aparece en varias planillas de acreditación de servicios.

De acuerdo con la denuncia, la mujer percibió indebidamente 87.750,86 pesos en concepto de haberes jubilatorios, entre agosto de 2010 y mayo de 2014.

Albornoz y Martínez fueron citados a prestar declaración indagatoria, pero el defensor oficial que representa a ambos planteó una figura de excepción por falta de acción por prescripción, es decir, que la causa sea archivada, lo que fue rechazado por el juez de primera instancia y también por la Cámara Federal de Apelaciones.

El defensor sostuvo que el delito que se les imputa tiene una pena máxima de seis años, por lo que habiendo ya pasado ese tiempo desde que ocurrieron los hechos, estaría prescripto. Pero el tribunal integrado por Daniel Alonso, Mateo Busaniche y David Chaulet consideró que se trata de un delito continuado, es decir, «son varios hechos que permiten ser fusionados en la consideración de una misma unidad delictiva». Lo que dicen los jueces es que todos los meses la mujer que percibía su jubilación continuaba cometiendo el fraude contra la administración pública, hasta mayo de 2014.

El perjuicio contra el Estado es incalculable. Solo en este caso se detectó una suma cercana a los 100 mil pesos, pero se cree que hay más casos y la punta del iceberg es el «dador múltiple» de certificaciones laborales.

«Se ha establecido que configura un delito continuado la percepción mensual y reiterada de una jubilación obtenida en forma indebida a través del empleo de documentos públicos falsos, pues se trata de hechos materialmente homogéneos que responden a una misma empresa delictiva, razón por la cual el plazo de prescripción comienza a correr a partir del cese de la comisión del delito», concluyó el tribunal.

87.750,86 pesos. Es el monto que percibió indebidamente la mujer, entre agosto de 2010 y mayo de 2014, beneficiándose con la presentación de una certificación laboral adulterada en la Anses para que se le concediera la jubilación jubilatorio.

Fuente: El Diario