El diputado provincial Pedro Báez (FpV) fue indagado durante casi tres horas este jueves por los fiscales Santiago Brugo y Patricia Yedro, en la causa por negociaciones incompatibles con la función pública.
Tres horas y más de quince carillas conformaron la extensa declaración indagatoria que ayer dio del diputado provincial Pedro Ángel Báez (FpV-Paraná), quien optó por no hacer uso de los fueros legislativos, tal como vienen realizando varios de sus colegas de la bancada oficialista.
Concretamente, se lo indagó en la causa sobre las contrataciones discrecionales de publicidad en carteles de vía pública y rutas que habrían beneficiado con montos millonarios a una imprenta y a una empresa de cartelería que se le atribuyen a Aguilera. El período investigado va de 2010 a 2015, tiempo en el que Báez fue primero director general de Información Pública y luego ministro de Cultura y Comunicación.
Se le imputan también al legislador los delitos de fraude, peculado, abuso de autoridad, incumplimiento de los deberes de funcionario público y falsificación de documentos públicos.
Asistido por su abogado defensor, Ignacio Díaz, Báez declaró en extenso y aportando interesantes detalles, según se supo. Aunque por su carácter de legislador provincial tenía posibilidad de prestar declaración por escrito, o incluso de no hacerlo, optó por no escudarse en los fueros y acudió a la citación de la Unidad de Investigación y Litigación del Ministerio Público Fiscal.
Es la primera vez que Báez es indagado en una causa, ya que en las otras en las que está imputado -la de la Cumbre del Mercosur, que lleva adelante el fiscal Juan Malvasio, y la de enriquecimiento ilícito en su contra, a cargo de la fiscal general adjunta Cecilia Goyeneche- aún no fue citado. Cuando fue convocado como testigo en la causa contra Ricardo Barreiro, conocido como “el jardinero K”, acusado por ser a la vez funcionario del Ministerio de Cultura y Comunicación y proveedor del Estado, eligió declarar por escrito.
El resto de los imputados fueron citados pero prefirieron abstenerse. Así lo hicieron Aguilera, su esposa Luciana Almada, su cuñado Alejandro Almada y Emiliano Giacopuzzi, amigo del cuñado del ex mandatario, quien figura como titular de una de las empresas que se le adjudican. Tampoco declaró Maximiliano Sena, también amigo de Aguilera y titular de otra de la firmas, aduciendo razones de salud. El ex gobernador Urribarri está imputado en la causa, pero aún no fue citado a declarar.
Por los delitos que se le imputan, los fiscales le comunicaron a Báez la posibilidad de ir a un juicio abreviado, con pena de cumplimiento efectivo y, además, la confiscación de algunos bienes del ex ministro, lo que no se respondió ayer, sino que, en todo caso, se pensará la situación y habrá respuestas más adelante.
Fuente: Análisis Digital
