La pesada herencia volvió a servir al gobierno para justificar sus medidas. La canciller Susana Malcorra desmintió una supuesta «compra» de armas a los Estados Unidos aunque reconoció el «interés» en obtener «rezagos» militares norteamericanos para llevar a cabo «un refuerzo de su equipamiento». Sin embargo, señaló que «hay por lo menos dos ítem» del listado difundido por los medios «cuyo pedido viene del año 2015».

«No es una compra, es habitual que EEUU mande a rezago material militar que para la mayoría de los países sería material sumamente interesante», dijo Malcorra en declaraciones a radio la Red y puntualizó que para llevar adelante una adquisición de armamento «lo que hay que hacer es un planteo al Congreso de Estados Unidos de potencial interés en material de rezago para ser considerado para su evaluación».

La canciller confirmó que las Fuerzas Armadas “están evaluando un refuerzo de su equipamiento, y están viendo opciones; y una opción es conseguir material de buena calidad a un precio sumamente descontado». No obstante, subrayó que «esto es un primer paso de un largo proceso y está lejos de ser una compra».

Respecto del listado de material bélico que se difundió en los medios y luego originó la denuncia en los tribunales, Malcorra aclaró «para despolitizar esta cuestión» que «en esa lista que está circulando, hay por lo menos dos ítem cuyo pedido viene del año 2015, viene de la administración anterior».

La semana anterior, el Ministerio de Defensa negó «categóricamente» que el Gobierno tenga la intención de adquirir armamento militar por 2.000 millones de dólares a Estados Unidos y desmintió la denuncia periodística, basada en una supuesta carta del embajador argentino ante los Estados Unidos, Martín Lousteau, en la que se consultan precios de un listado de armamentos.

A partir de la denuncia, hecha pública por la señal de TV C5N, el bloque de diputados nacionales del Frente para la Victoria pidió en primer lugar una interpelación para la canciller Susana Malcorra y el ministro de Defensa de la Nación, Julio Martínez, y luego presentaron una denuncia penal contra el presidente Mauricio Macri; el jefe de Gabinete, Marcos Peña; el ministro Martínez y el embajador Lousteau, para que se investigue si hubo comisión de delito en esa supuesta compra de armas.