El oficialismo dio marcha atrás con la anunciada rebaja de la alícuota, que finalmente será de 17%. Tensiones internas en Cambiemos.
El impuesto a la cerveza se vio envuelto desde su nacimiento en una polémica que generó idas y vueltas entre el Gobierno y los productores.
La idea de imponerle una alícuota del 17% a la bebida era parte del proyecto original de reforma tributaria el ministro de Hacienda, Nicolás Dujovne, presentó a fines de octubre. Pero pocos días después desde el Gobierno anunciaron que la suba se dejaría sin efecto.
Esa marcha atrás tenía que ver con la decisión de anular la imposición de un tributo del 10% al vino, tras una fuerte presión de las provincias productoras, que lograron que el Gobierno aceptara mantenerlo excento.
De esta manera, la desactivación de la suba del impuesto a la cerveza tenía que ver con cumplir con los criterios de la Organización Mundial de la Salud (OMS), que recomienda que a mayor graduación alcohólica mayor carga tributaria. La graduación del vino en promedio triplica a la cerveza, por lo que no era lógica la diferencia impositiva.
Por eso, la industria cervecera se benefició del lobby de los gobernadores viñateros. No obstante, lo inesperado es que ahora se vería perjudicada por el lobby de las provincias productoras de azúcar y cítricos, que en las últimas horas redoblaron la presión para evitar la suba del impuesto a las gaseosas.
La cuestión es que la suba para la cerveza servirá para compensar la rebaja de las bebidas azucaradas, a las que se les impondrá un gravamen según el volumen de azúcar.
La modificación de última hora en el dictamen que se firmó el mediodía de este martes, generó asperezas en el interior de Cambiemos. La queja vino del diputado radical Hugo Marcucci, de la provincia de Santa Fe, donde la industria cervecera tiene peso.
Marcucci arrancó consultando a su compañero de bancada Luis Pastori, quien en ese momento dirigía la reunión en reemplazo de Luciano Laspina, si estaba confirmada la marcha atrás en la rebaja del impuesto a la cerveza, lo que revela que incluso sorprendió al oficialismo, señala La Política Online.
“Si el problema es el consumo problemático del alcohol nadie puede decir que con aumentar el precio de la cerveza (lo que desplazaría el consumo al vino) resolvemos el problema. Esto me parece bastante burdo. El consumo problemático de alcohol tiene que ser combatido con otro tipo de políticas”, dijo el radical.
Marcucci recordó luego la recomendación de la OMS: a mayor grado, mayor impuesto. “Acá estamos haciendo exactamente al revés, se ve que no nos gusta la OMS”, ironizó el radical, que acusó a las provincias productoras de vino por hacer lobby contra la cerveza para generar un desvío de consumo.
“Estamos generando un desvío de consumo (al vino), que creo que es lo oculto, para favorecer un consumo más problemático o por lo menos con más graduación”, completó.
Un dato político importante de este cambio es que la Casa Rosada reduce bastante las presiones centrando las subas en la cerveza, cuya producción está concentrada en dos grandes multinacionales, mientras que detrás del vino están varias provincias, además de productores y bodegueros. Lo mismo en el caso de las bebidas azucaradas, cuya defensa asumieron algunos gobernadores que el Gobierno nacional necesita como aliados.
En este último caso, el dictamen de mayoría (que según admitió Laspina todavía estaba sujeto a alguna revisión) establece un gravamen a partir de los gramos de azúcar por litro, indica La Política Online.
Las bebidas azucaradas con cualquier tipo de endulzante podrán tener hasta 40 gramos de azúcar por litro sin tributar. A partir de allí, pagarán 3,4 centavos por cada gramo de azúcar extra. En tanto, las que estén endulzadas con un 20% con jugos naturales tendrán una exención hasta los 50 gramos.