El gerente de la Regional Salto Grande del Instituto Autárquico de Planeamiento y Vivienda, Arq. Luis D’avila, salió  aclarar y desmentir versiones periodísticas respecto de presuntas irregularidades en la adjudicación de viviendas en la ciudad de Concordia por parte del personal de este organismo provincial.

El funcionario indicó que el IAPV ha realizado desde hace un tiempo una investigación de diferentes hechos denunciados a los fines de dilucidar y determinar responsabilidades, para luego poder accionar legalmente contra el ó los empleados involucrados.

En tal sentido, «desde la Gerencia Regional a mi cargo, se han efectuado dos denuncias policiales de manera personal, con fechas 6 y 13 de marzo, de usurpación de viviendas construidas por el IAPV y como consecuencia de tal acción, se constató la existencia y uso de documental pública adulterada (falsificación de acta tenencia precaria), reprimida por los Artículos 292, 296, siguientes y concordantes del Código Penal».

«Por ello y en cumplimiento de la obligación legal que como funcionario público me corresponde, formulé denuncia penal ante el ,Ministerio Público Fiscal en fecha 16 de marzo, la que fue posteriormente ampliada con documentación brindada por el suscripto, dando inicio al Legajo N° 2463/18, que recayó en la Fiscalía a cargo del Dr. Darío Mauttone».

Asimismo, a los efectos de deslindar responsabilidades administrativas y de determinar posibles autores de ese accionar ilegítimo e irregular contra la administración pública, con fecha 23 de marzo, el directorio del IAPV mediante la Resolución N° 723/18, dispuso la instrucción de una información sumaria para que la Fiscalía de Estado a través de la Dirección de Sumarios realice una investigación sobre dichas denuncias.

«Que por todo ello, se reitera por este medio, la decisión política de este organismo que preside el contador Marcelo Casaretto de rechazar y perseguir dichas irregularidades, accionando judicialmente contra cualquier persona, sea empleado o no de la repartición, que no respeten las normativas legales y administrativas, que rigen la adjudicación de las viviendas sociales».