Con el objetivo de intercambiar experiencias acerca de los derechos de consumidores inmobiliarios e inquilinos y diagramar una mesa de diálogo en la órbita de Defensa del Consumidor, el secretario de Producción, Álvaro Gabás, se reunió con representantes de asociaciones de inquilinos de Buenos Aires

 
El motivo de la reunión fue conocer las realidades de los inquilinos de la provincia de Buenos Aires, y así contar con ideas para diagramar una mesa de diálogo en el área de Defensa a los Inquilinos. Del encuentro participaron el director general de Defensa del Consumidor de Entre Ríos, Juan Carlos Albornoz, el responsable del área de Lealtad Comercial Fernán Poidomanni ; Fernando Muñoz, a cargo del área de inquilinos de la Defensoría del Pueblo de la ciudad de Buenos Aires; y Gervasio Muñoz, presidente de la asociación civil Inquilinos Agrupados y presidente de la Federación Nacional de Inquilinos.

Cabe destacar que la propuesta fue impulsada por Francisco Garcilazo, en representación de la Asociación de Trabajadores del Estado, y por la Confederación de Trabajadores Argentinos Autónoma, representada por Alejandra Gervasoni y Andrés Fernández Iglesias.

Gabás destacó la importancia de la iniciativa al tiempo que remarcó “el compromiso del Estado entrerriano es defender los derechos de todos. En este caso estamos tratando un tema muy sensible que vamos a trabajar minuciosamente con el área legal de la Secretaría y al cual, como a todo lo que venimos trabajando, trataremos de darle la celeridad correspondiente porque refiere a la necesidad de vivienda al momento de alquilar un inmueble y que en muchos casos los consumidores ven vulnerados sus derechos ante situaciones que en ocasiones son desconocidas o sin asesoramiento para los mismos. Ante esta asimetría el estado debe intervenir”. En ese marco, advirtió que “en la provincia no está incluido la defensa de los inquilinos dentro del área de defensa del consumidor y esto atraviesa todas las clases sociales”, finalizó el funcionario.

A su vez, Fernando Muñoz comentó que “el problema inmobiliario de los inquilinos se ha dado cuando las situaciones económicas son más difíciles y han sido abusivas, tras la necesidad de la gente por la vivienda. En la ciudad de Buenos Aires se realizó una ley que reglamentó esto y le puso un freno, por lo que el inquilino no paga la comisión a la inmobiliaria sino que la paga el titular del inmueble y es lo que queremos aportar, para poder crear el marco jurídico para ampliar la mesa de las distintas problemáticas que se presentan ante estas situaciones. Tratamos de que no haya posibilidad de que en problemas que surjan los que tomen la decisión sean juez y parte”.

Por otra parte, Juan Carlos Albornoz remarcó “el trabajo mancomunado y la posibilidad que nos da el secretario de Producción de ir ampliando nuestros horizontes en lo que son los derechos de los consumidores entrerrianos. Por ello, estamos realizando la revisación de la compra y venta de terrenos, en donde hay un gran incumplimiento del sector privado, sobre todo resaltando la publicidad engañosa en la que puede caer un consumidor, en donde nos damos cuenta de las cuestiones que sufre la ciudadanía ya que le mienten”, sostuvo.

Dijo que “a mediados de 2018 ya tenemos la misma cantidad de denuncias que teníamos al finalizar el año 2017. Esto quiere decir que la gente va tomando conocimiento que hay un organismo que se ocupa de estas situaciones. A través del Estado trabajamos para encontrarles una solución y darles una respuesta ya que todos somos consumidores”, finalizó.

Por último, Alejandra Gervasoni de CTA expresó “la necesidad de brindar asesoramiento ante el desconocimiento que hay en cuanto a los derechos que tienen los inquilinos. En esto estamos todos desde las organizaciones y también del Estado mismo, destacando la sinergia que mencionaba el secretario de Producción de colaborar en todo lo que vaya en beneficio de los entrerrianos. Pongamos en conocimiento que el 35 por ciento de las familias alquilan, y teniendo en cuenta el salario, dicho alquiler se lleva más del 50 por ciento de los haberes, sumándole que si nos vulneran en nuestros derechos muchas veces no alcanza a cubrir las expectativas y hace recurrir a las áreas puntuales para derivas los problemas que surgen. Los sindicatos debemos tener una política que vaya hacia los trabajadores dirigida a los derechos y en esa educación al consumo estamos trabajando”, concluyó.

Entre las competencias que tendría intervención el organismo, se destacan:

1- Adquisición de inmuebles y terrenos destinados a vivienda, derechos en tipos compartidos, clubes de campo, cementerios privados y figuras afines.

2 Revisiones contractuales sobre términos abusivos y cláusulas ineficaces.

3 Control de publicidad de los bienes y servicios vinculados.

4 Guía de derechos del inquilino, entre otras.