La denuncia penal fue realizada por Claudio Lozano. También deberán declarar varios de sus ministros por los delitos de abuso de autoridad y violación del deber de funcionario público.
El fiscal federal Jorge Felipe Di Lello imputó al presidente Mauricio Macri y a varios de sus ministros por el acuerdo firmado con el Fondo Monetario internacional (FMI) luego de la denuncia formulada por los dirigentes Claudio Lozano y Jonatan Baldivieso por los delitos de abuso de autoridad y violación del deber de funcionario público.
El fiscal Di Lello decidió iniciar la investigación contra el presidente Macri, el jefe de Gabinete Marcos Peña, el ministro de Economía Nicolás Dujovne y el presidente del Banco Central, Luis Caputo, bajo el planteo de no haber obtenido autorización del Congreso para su firma.
“Las ilegalidades e inconstitucionalidades alegadas en la denuncia resultan verosímiles y lógicas”, señala la denuncia penal presentada por Unidad Popular a través de Claudio Lozano por el Movimiento Popular La Dignidad y Jonatan Baldiviezo, a través del Observatorio del Derecho a la Ciudad.
El fiscal Di Lello pidió que se investigue si el Presidente y sus funcionarios incurrieron en los delitos de abuso de poder e incumplimiento de los deberes de funcionario público al concretar la firma del acuerdo que las autoridades argentinas y el personal técnico del FMI firmaron. Se trata de un Acuerdo Stand-By de 36 meses que asciende a USD 50.000 millones (equivalente a aproximadamente DEG 35.379 millones o alrededor de 1.110% de la cuota de Argentina en el FMI).
El Directorio del Fondo Monetario Internacional (FMI) aprobó el 20 de junio el acuerdo stand by de 50.000 mil millones de dólares y en consecuencia el Ejecutivo dispuso que este acuerdo de toma de deuda pública “no sea tratado en el Honorable Congreso de la Nación, pese a tratarse de empréstitos que traen consigo determinadas condicionalidades que exceden el mero esquema de devolución del dinero prestado, ya que la modalidad a la que Argentina accedió nuevamente (‘’Stand By’’) tiene un espíritu altamente intervencionista de la política económica en detrimento del deudor”, de acuerdo a lo que sostiene la denuncia original.
Fuente: Radio Mitre.