El desfinanciamiento de las políticas de discapacidad que ejecuta el gobierno de Mauricio Macri abrió un nuevo capítulo en la crisis que viven los chicos, adolescentes y adultos que asisten a escuelas especiales y centros educativos, terapéuticos y de rehabilitación. Al menos 20 mil personas con discapacidad podrían no volver a clases en los próximos días debido a la deuda que el Estado mantiene con los poco más de 2500 transportistas que se encargan de trasladarlos.

La crisis que atraviesan los transportistas no es algo nuevo, pero se acentuó en los últimos meses de escalada inflacionaria, de devaluación del peso y de retrasos en los pagos del programa Incluir Salud desde que la Agencia Nacional de Discapacidad lo traspasó a los gobiernos provinciales. El pago por ese servicio que reciben los choferes y propietarios son a 60 días, pero buena parte aún no cobró diciembre de 2018 y a algunos se les debe hace 120 días.

Buena parte de los más de 2500 transportistas de todo el país no aceptó la propuesta de aumento planteado por las provincias porque “no cubren sus costos” y “de aceptarla, irían a la quiebra”, según consignó el Foro de Promoción y Defensa de los Derechos de las Personas con Discapacidad.

Los representantes de familiares de chicos y jóvenes con discapacidad agrupados en ese colectivo advirtieron que “la pérdida del transporte, trae como consecuencia la perdida de la prestación institucional, debido a la imposibilidad” que varias de ellas tienen para trasladar a sus familiares, muchos de los cuales tienen problemas de motricidad.

“Hay familias que ya no pueden llevar a sus chicos a los centros” terapéuticos y educativos, remarcó Pablo Molero, titular de la Comisión para las Personas con Discapacidad del Arzobispado de Buenos Aires. La situación no solo es de crisis para los transportistas sino también para las instituciones. Para el caso de estas, el Incluir Salud no fue provincializado, es decir que los fondos siguen siendo nacionales; pero así y todo hay deudas que datan desde octubre del año pasado.

Hubo reuniones de varias instituciones con funcionarios de la Agencia de Discapacidad, pero “las promesas que se hacen con el Incluir Salud no se cumplen nunca”, lamentó Molero en diálogo con Página/12, a la vez que resaltó otra problemática: el arancel que perciben. “No hay estudio de costos actualizado a la inflación y al costo de vida. A algunas (instituciones) les dieron aumentos del 8 por ciento, a otras del 15 y a algunas del 30 por ciento”, es decir por debajo de la inflación del año pasado, que fue de 47,6. Es decir que no solo se les paga tarde sino también poco. “Dennos un aumento para seguir funcionando”, reclamó.

Para Molero, “la situación de crisis” que viven los transportistas y las instituciones del sector es producto de “un gobierno que tiene desinterés sobre la discapacidad”. “Durante el primer año, al Gobierno parecía interesarle el tema, luego nos dijeron que les seguía importando los chicos, pero la realidad indica otra cosa porque caímos en un enorme descuido prestacional”, evaluó.

Para ejemplificar, recordó las pensiones por discapacidad “que sacaron de prepo”, las trabas para obtenerlas y las complicaciones en los trámites para obtener los certificados de discapacidad. “La explicación siempre fue que esto fue por la corrupción kirchnerista. Yo entiendo que pudieron haber casos de otorgamiento de pensiones discresional, pero lo que hay ahora es una quita de derechos”, puntualizó.

Molero hizo hincapié en otra cuestión que agrava la realidad de las personas con discapacidad: “Bajan un discurso que dice que ‘las personas con discapacidad pueden trabajar’, como si las personas que son unos vagos que hay que mantener. Esa es la sensación que se está generando. Y lo que uno ve con esto es que hay un proceso de no atender a esa población”, concluyó.

Fuente: Página 12.