El Ministerio Público Fiscal ordenó la apertura de una causa penal en la que se investigará el delito de peculado que habría cometido el responsable económico de Cambiemos Entre Ríos, Enrique Susevich, quien actualmente es titular de ANSÉS Paraná. El radical recibió una suma millonaria del Estado para la impresión de boletas pero el Tribunal de Cuentas detectó que se utilizó “para otros fines”.

El Ministerio Público Fiscal ordenó de oficio la apertura de una investigación penal por la presunta comisión del delito de peculado contra el responsable económico de la alianza UCR -PRO, Enrique Susevich, extesorero de la Unión Cívica Radical, quien se desempeña como titular de la ANSÉS delegación Paraná, y manejó el dinero de la última campaña electoral del hoy candidato a gobernador de la alianza, Atilio Benedetti, en la que también se falsificaron aportes, como contó este medio.

Según confirmaron fuentes judiciales a NOTICIAUNO, la Justicia ordenará en las próximas horas una serie de medidas para dar inicio a la causa, entre ellas, solicitará al Tribunal de Cuentas que remita el expediente y la documentación vinculadas a la Rendición de Cuentas que, a cuatro años de otorgarse los subsidios, aún no fue aprobada por el organismo de control.

El Tribunal de Cuentas tiene acreditado el desvío de fondos públicos que compromete a Cambiemos, pese a lo cual todavía no ordenó la devolución del dinero al Estado.

Susevich tiene pendiente un juicio de cuentas ante el Tribunal de Cuentas de la provincia, iniciado a partir de las observaciones de la Fiscalía Nº 6 del organismo que detectó que importantes sumas de dinero otorgadas mediante dos subsidios firmados por el Poder Ejecutivo provincial en 2015 -a pedido de Cambiemos- para afrontar el costo de la impresión de boletas de sufragio, no fueron utilizados por Cambiemos para ese fin.

Tal como lo sostuvo la Fiscalía de Cuentas Nº 6, “los comprobantes no se corresponden con el destino previsto para tales sumas” en los decretos emitidos por el Poder Ejecutivo provincial mediante los cuales se otorgaron.

La Asesoría Jurídica del Tribunal de Cuentas señaló la clara responsabilidad de Susevich que obró en representación de Cambiemos y fue lapidaria al remarcar que “analizando su propio accionar anterior y posterior (Susevich) debió conocer el destino previsto para los fondos públicos que recibió, que además de encontrarse especificado en el decreto, es el estipulado por la legislación general vigente en la materia (…) lo cual no es ajeno a la actividad que desempeña”.

A partir de la determinación del Ministerio Público Fiscal de abrir de oficio una investigación penal, la situación de Susevich es más que complicada. Él mismo reconoció ante el Tribunal de Cuentas que Cambiemos destinó los subsidios que fueron pedidos para pagar la impresión de boletas de sufragio, para “otros fines”. Ese accionar configuraría el delito de peculado que el Código Penal castiga con una pena de dos a diez años de prisión e inhabilitación absoluta perpetua para ocupar cargos públicos.

La investigación judicial podría comprometer además al otro responsable económico y financiero de la alianza Cambiemos: el diputado provincial macrista Joaquín Lamadrid. La Ley nacional de Financiamiento de los Partidos Políticos claramente establece que “los dos responsables económico-financieros (…) serán solidariamente responsables con el tesorero, por el cumplimiento de las disposiciones legales, reglamentarias y técnicas aplicables (…)”.

El accionar de Susevich puede incluso arrastrar a las autoridades de la Unión Cívica Radical -partido al que pertenece y del cual fue tesorero- y a las autoridades del resto de los partidos políticos que integran la alianza Cambiemos en nombre de quien Susevich pidió y recibió los millonarios fondos públicos que luego desvió.

La misma ley nacional establece que “El presidente y el tesorero del partido, así como el responsable político y el responsable económico- financiero de la campaña serán responsables de la devolución de dichos fondos (…)”.