16 años después de la denuncia inicial llegará a la instancia del debate en juicio la causa por contrabando que derivó en el procesamiento de 21 personas, entre ellas Eduardo Cristina, actual Presidente del EMAPI (Ente Mixto de Administración del Parque Industrial de Concordia).
Hay 57 testigos que deberán ser escuchados durante las audiencias que, en principio, fueron programadas para comenzar el próximo martes 6 de Agosto en el Tribunal Oral Federal de Paraná, en los autos caratulados «MELLA, EDUARDO GABRIEL; HANSON ROSENDE FEDERICO GUSTAVO; SILVANO, VIRGINIA CATALINA; MONTOREANO, JUAN FERNANDO; PIVAR, MARIA Alejandra y otros s/infracción ley 22.415».
La lista completa de procesados incluye a Jorge Dufau; Robert Trombotti Fernádez; Guillermo Javier Iacobelli; Omar Alberto Custodio; Juan Carliños Impringlio; Sergio Alejandro Impringlio; Eduardo Ramón Burgos; Eduardo Gabriel Mella, Federico Gustavo Hanson Rosende; Virginia Catalina Salvano; Jorge Alejo Barrera; Juan Fernando Montoreano; Eduardo Horacio Cristina; Fernando Alfredo González; Rogelio Alejandro Alberto Carbonell Araya; Roberto del Carmen Tapia Guzman; Juan Bernardo Covarribias Jara; Riocardo Mauricio Gómez Guerra; Manuel Jesús Miñoz Quiróz; Fernando Albarto Olivos Ortega y Marcos Gabriel Rosales Cerda.
Las transacciones bajo investigación habrían significado un perjuicio al Estado por 3 millones de dólares.
En el origen de la causa, a fines del año 2003, la Unidad Fiscal de Investigación de Delitos Tributarios y Contrabando (UFITCO) denunció a dos empresas argentinas y a funcionarios aduaneros y a transportistas. La acusación por fraude apuntaba contra la Aduana de Concordia, bajo la premisa de que habría avalado el reingreso al país de transportes que habían partido desde Iquique (Chile) hacia Uruguay, para luego retornar al país trasandino, pero se sospecha que ya en territorio argentino los contenedores eran ilegalmente abiertos para descargar mercadería electrónica no declarada.
La causa cobró estado público gracias a una información de la agencia oficial Télam que daba cuenta de la maniobra. Aquella primera noticia, del año 2003, aseveraba que la Dirección General de Aduanas (DGA) había “desbaratado un complejo sistema de contrabando que permitía el ingreso al país de mercaderías declaradas como en tránsito, entre Uruguay y Chile, que incluyó diferencias en las declaraciones por unos 3 millones de pesos, sólo en las últimas transacciones detectadas”.
El por entonces titular de la Unidad Fiscal de Delitos Tributarios y Contrabandos (UFITCO), Luciano González Valle, detallaba que una de las principales involucradas era la ex firma de indumentaria Chemea, investigada junto a los transportistas y agentes de transporte que facilitaron las maniobras.
Lo que se informaba oficialmente en aquel momento era que la Fiscalía había podido “constatar a fines de agosto (del 2003) el ingreso al país de un cargamento con destino a Iquique (Chile), a través de la aduana de Concordia (Entre Ríos), cuyo valor declarado era de 22.600 dólares, muy inferior a los más de 370 mil que se transportaban realmente”, sospechando que “el propósito era descargar el excedente no declarado en Argentina, para ingresarlo al mercado local”. En aquel operativo “el camión con la mercadería fue detenido en las cercanías de la localidad de Uspallata, donde se comprobó que llevaba artículos de electrónica e informática por más de 370 mil dólares” y los bienes “habían ingresado al país a nombre de Open Sport Business y Boeing S.A. (ex Chemea), bajo el rótulo de productos textiles, artículos de computación, bazar, del hogar, ferretería y otros”, precisaba Luciano González Valle. Agregando que esa solo sería una muestra de otros 9 casos similares y otras 11 que estaban sospechados.
Tras aquel escándalo, a través de la Dirección General de Aduanas se determinó la intervención de la Aduana de Concordia, lo que hizo mediante la Disposición Nº 96/2003, del 10/10/2003, aludiendo a las “presuntas irregularidades detectadas por la Dirección General De Aduanas y por la Unidad Fiscal Para la Investigación de Delitos Tributarios y Contrabando (UFITCO), llegando a suspender a algunos agente por un plazo de 60 días.
