La ministra de Desarrollo Social, Laura Stratta, valoró la sanción unánime a la prórroga de la ley de emergencia alimentaria. «Posibilitará a las provincias, que venimos conteniendo la situación, contar con mayores recursos para fortalecer las estrategias alimentarias en este duro contexto», afirmó.

Sólo en el programa de comedores escolares, la provincia pasó de invertir 175.678.362 pesos en 2016 a 529.149.698 pesos proyectado en 2019, lo que implica un incremento del 201 por ciento.

«La Emergencia Alimentaria pone en superficie lo que nos pasa como país, la profundidad de las demandas y el imprescindible rol que debe cumplir el Estado para garantizar este derecho básico y contener a las familias más vulnerables», dijo y añadió: «Esta ley es necesaria para que las provincias, que venimos conteniendo la situación ante el aumento de la demanda y el congelamiento de las partidas nacionales desde 2016, podamos contar con mayores recursos para fortalecer las estrategias alimentarias en este duro contexto».

A través de un abanico de programas de financiamiento propio, junto a dos de financiamiento conjunto con Nación, el gobierno de Entre Ríos trabaja en garantizar a los sectores más vulnerables de la población el acceso a la alimentación. En este sentido, la provincia brinda respuesta a la demanda, que ha ido en aumento en los últimos años, a través del incremento de las partidas provinciales destinadas a políticas alimentarias, frente al congelamiento de las mismas por parte del gobierno nacional.

“Desde el comienzo de la gestión, el gobernador Bordet ha priorizado la contención social, sanitaria y alimentaria de la población. En el actual escenario que nos toca atravesar en nuestro país, es importante señalar que Entre Ríos es un Estado presente, que impulsa programas con financiamiento propio para garantizar el derecho a la alimentación, así como también se hace cargo de lo que la Nación ha dejado de atender en estos años”, marcó la ministra de Desarrollo Social, Laura Stratta.

La iniciativa que sancionó este miércoles el Congreso Nacional, que fue impulsada por la oposición y el oficialismo decidió acompañar, prorroga hasta el 31 de diciembre de 2022 la emergencia alimentaria nacional, que según la Ley 27.345 sancionada en 2016 vence el 31 de diciembre de este año. Establece un «incremento de emergencia» como mínimo del 50 por ciento «de los créditos presupuestarios vigentes del corriente año correspondientes a políticas públicas nacionales de alimentación y nutrición».

En este sentido, la titular de Desarrollo Social, remarcó: “En dos programas que eran financiados en conjunto entre la provincia y la Nación, se invirtió la ecuación respecto al aporte que hacía cada parte. Cuando nosotros iniciamos la gestión en 2015, la provincia financiaba el 30 por ciento y la Nación financiaba el 70 por ciento. Hoy es al revés: desde el gobierno provincial cubrimos el 70 por ciento y la Nación el 30 por ciento restante. Esto sucede porque el gobierno nacional no reconoce a los nuevos titulares de derecho y mucho menos reconoce el proceso inflacionario que se vivió en todos estos años. Por eso es importante poner en debate que se tienen que hacer las readecuaciones presupuestarias necesarias frente a estas urgencias, porque el Estado tiene funciones indelegables. Porque un chico o una familia que no tiene la panza llena, no puede educarse, no puede trabajar y no tiene las condiciones mínimas y elementales para poder crecer y desarrollarse”.

“Por eso en nuestra provincia nuestro gobernador que ha hecho un esfuerzo muy grande para equilibrar las cuentas y priorizar siempre dentro de la agenda pública la contención sociosanitaria de la población”, finalizó la titular de la cartera social.

Entre los programas financiados de manera mixta entre el Estado entrerriano y el gobierno nacional, se encuentra la Tarjeta Social, perteneciente al Plan Nacional de Seguridad Alimentaria – Convenio Abordaje Federal. Desde 2016, el Poder Ejecutivo Nacional no aumentó las partidas presupuestarias destinadas a este programa, que actualmente alcanza a más de 50.000 titulares de derecho. Frente a ello, el gobierno de Entre Ríos reforzó progresivamente los aportes presupuestarios, lo que se refleja en el esquema de inversión. La Nación pasó de invertir 70.560.000 pesos anuales en diciembre de 2015, a invertir 91.728.000 pesos anuales, que se mantienen actualmente y permanecen congelados desde julio de 2016. En cambio, la Provincia pasó de invertir 17.640.000 pesos al comienzo de la gestión en 2015, a una inversión proyectada anual en 2019 de 261.072.000 pesos, lo que da cuenta de un aumento de más del 900 por ciento en la partida presupuestaria destinada para este programa alimentario por parte de la provincia.

El otro programa que tiene financiamiento mixto es la Copa de Leche Reforzada (RAN). En 2016, la Nación aportaba 40.905.492 pesos, mientras que la provincia 19.760.868 pesos. En la actualidad, el aporte de Nación, proyectado para 2019, es de 44.635.169 pesos, mientras que la provincia tiene una proyección de inversión en 2019 de 138.913.529 pesos. Esto significa que la inversión de la Nación aumentó el 9 por ciento, y el de la provincia de Entre Ríos superó el 600 por ciento. Cabe señalar que, si actualmente se respetara el porcentaje de aporte a este programa que la Nación sostuvo hasta 2015, en 2019 el aporte nacional debería ser de 126.648.601,85 pesos. Este congelamiento implicó que, año a año, la provincia deba afrontar los incrementos generados tanto por la mayor demanda social como por el aumento sostenido y generalizado de los precios.

Con fondos provinciales

Es de mencionar que el Estado entrerriano implementa otras estrategias alimentarias que son únicamente con financiamiento provincial. Desde la Subsecretaría de Políticas Alimentarias del Ministerio de Desarrollo Social, se lleva adelante el Programa Provincial Complemento Nutricional, que consiste en una prestación económica mensual de carácter alimentario para cada niño y niña de 0 a 14 años, embarazadas en situación de riesgo de bajo peso y/o para familias en situación de vulnerabilidad que estén integradas por 6 menores de 18 años. También se implementa el Programa Provincial Alimentario para Celíacos, que comprende a toda persona diagnosticada de celiaquía, en situación de vulnerabilidad económica, sin cobertura social que le impida el acceso a una alimentación saludable como parte del tratamiento. Ambos son complementos que se acreditan con la Tarjeta Social.

Por su parte, a través de la Dirección de Comedores del Ministerio de Desarrollo Social, se alcanza con distintas líneas de acción a comedores escolares, hogares de adultos mayores y residencias, además de que la provincia también acompaña con presupuesto propio la tarea de comedores comunitarios y merenderos.

Solo en el programa de comedores escolares, la provincia pasó de invertir 175.678.362 pesos en 2016 a 529.149.698 pesos proyectado en 2019, lo que implica un incremento del 201 por ciento. Además, de la Dirección de Comedores también depende el programa Copa de Leche Provincia, que se brinda en instituciones educativas. En este caso, en 2016 la provincia invertía 17.520.775 pesos, y en 2019, la inversión proyectada llega a 78.683.689 pesos, lo que significa un aumento del 349 por ciento.

Estos programas, dependientes de la Dirección de Comedores, alcanzan las 268.000 raciones diarias en instituciones educativas.