El proyecto también contempla la mejora en la calidad del gasto público, el desendeudamiento, y el sostenimiento de obras de infraestructura con recursos propios.

Por otra parte, se observa una merma significativa en las transferencias nacionales, fundamentalmente en programas de salud y desarrollo social, subsidios al transporte y a la tarifa eléctrica y las destinadas a obras públicas.

El mandatario repasó detalles de la iniciativa, que ingresará por la Cámara de Diputados, junto al vicegobernador Adán Bahl; al ministro de Economía, Hugo Ballay; los secretarios de Hacienda, Gustavo Labriola; y de Presupuesto y Finanzas, Luis Erbes; y miembros del equipo económico.

Tras el encuentro, concretado en el Salón de Acuerdos de la Casa de Gobierno, donde el gobernador firmó el proyecto, Ballay indicó que según lo previsto en la Constitución provincial la presentación a la Legislatura debe hacerse el 15 de octubre en la Cámara de Diputados, tal como se realiza en este caso.

«Es el proyecto de ley más importante porque es el que regula los recursos y autoriza los gastos para el Ejecutivo en 2020. Lo primordial, y como parte de una política del gobernador Bordet, es tratar de destinar los recursos a las áreas más sensibles. Queremos rescatar que tendremos un resultado primario superavitario; y en el financiero, después que se cargan los intereses de la deuda, recién ahí aparece un cálculo negativo», detalló Ballay.

En ese marco, recordó que «dentro del superávit primario positivo se asume el déficit de la Caja de Previsión que está proyectado para 2020 en 13.500 millones de pesos, lo que hace que un 10 por ciento de los recursos de rentas generales sean absorbidos por el déficit de la Caja de Jubilaciones».

Explicó luego que el presupuesto 2020 se hace en base a la ejecución 2019 y apuntó: «Para tener una idea, el promedio de incremento de gastos que se toman en esta ley de presupuesto respecto a la proyección de ejecución de este año ronda en la mayoría de los ministerios un 15 por ciento; y los gastos de funcionamiento de la administración, tal el compromiso del gobernador, acá son solamente el 7 por ciento, mientras que los Ministerios de Salud y de Desarrollo Social tienen entre un 31 y un 35 por ciento de incremento, fundamentalmente por lo que ha dejado de atender el gobierno nacional durante este ejercicio y que a nosotros se nos refleja».

En otro tramo de sus declaraciones también se refirió a la incidencia del consenso fiscal y apuntó: «Por ejemplo, desaparece el cobro de la Ley 4035, independientemente de que ya venía disminuyendo y que su destino era exclusivamente planes sociales. A todo esto ahora hay que atenderlo con rentas generales», precisó.

Luego explicó que “el presupuesto se hace en base a las leyes; la ley vigente en la provincia establece 10 ministerios, pero el gobernador en una decisión política de hace dos años, los ha reducido a cinco”. En ese marco, apuntó que en la norma “hay secretarías que tienen rango ministerial que, aunque no tengan designado ministro, mantienen y sostienen esas partidas presupuestarias. Luego, en la ejecución, si no se nombra ministro o se reduce la estructura como lo ha venido haciendo este gobierno, se bajan los gastos”.

En materia salarial, hizo notar que «habitualmente las leyes de presupuesto no contemplan una pauta salarial aproximada, aunque si se trabaja con los índices inflacionarios, que son los que también se trabajan para los recursos. En este caso, el proyecto de presupuesto nacional al que tenemos que ligarnos, porque la mayoría de los recursos son de coparticipación, contempla un 34 por ciento la inflación estimada para el año 2020”.

En cuanto a las obras públicas, señaló que «se presentan en el proyecto de presupuesto de dos formas, algunas con financiamiento provincial, que no son tan significativas en montos, pero que el gobierno provincial atiende con rentas generales».

En cuanto a las otras, hizo notar que “el Fondo de la Soja, que era uno de los afectados a obra pública también desapareció, por lo que frente a eso lo que hacemos con el resto de las obras es nominarlas en el presupuesto de acuerdo a los pedidos de cada uno de los intendentes actuales y futuros porque es un requisito indispensable para ejecutarlas, pero supeditadas a conseguir el financiamiento”.

Por otro lado, advirtió que «tenemos que diferenciar lo que es el presupuesto, de la cuestión financiera; hoy la Nación tiene deudas con el IAPV, con Vialidad, con el Ministerio de Gobierno; el Anses con la Caja de Jubilaciones; todos esos reclamos se continúan y lo que nosotros expresamos en la ley de Presupuesto es en función de que eso le corresponde a la provincia de Entre Ríos”. Y remarcó: “En la ley de presupuesto se contemplan todos los derechos y lo que le corresponde a la provincia de Entre Ríos”.

Detalles del proyecto

En relación a los recursos, presentan en su proyección un crecimiento en sus rentas generales del orden del 39%, con una participación de los nacionales de aproximadamente un 70%.

En general, se observa un crecimiento de los recursos tributarios nacionales del orden del 46%, por encima de la inflación proyectada por Nación en 12 p.p., contribuyendo a esto el efecto de 3% extras recibidos en cumplimiento del acuerdo de la restitución del 15% para Seguridad Social, y por efecto arrastre de la inflación 2019.

Mientras que los provinciales muestran una variación positiva del 28,5% que responde al efecto del Consenso Fiscal, disminuyendo alícuotas de Ingresos Brutos y Sellos, y eliminando lo referido a la Ley Nº4035.

Además, se observa una merma significativa en las transferencias nacionales, fundamentalmente en programas de salud y desarrollo social, subsidios al transporte y a la tarifa eléctrica y las destinadas a obras públicas.

La disminución de transferencias nacionales señalada anteriormente, ha generado la necesidad de sostener diversos programas sensibles para la población con fondos del Tesoro Provincial, esto sin que afecte el cumplimiento de lo establecido por la Ley de Responsabilidad Fiscal, en cuanto a que la variación del gasto corriente no puede superar la experimentada por el IPC promedio, y a que los compromisos de la deuda no superen el 15% de la recaudación.

El nivel de gastos totales de las rentas generales presenta hacia el Ejercicio 2020 un incremento del orden del 34% en relación al año 2019, por debajo del IPC promedio que se estima en 43,1%. Del total, el gasto en personal insume 62%, la coparticipación a Municipios y Comunas 15%, el déficit del sistema previsional 11%, gastos de funcionamiento 9% y el 4% los intereses de la deuda.

Si consideramos el Gasto en Personal, fue decisión del Gobierno Provincial, preservar el poder adquisitivo del salario del sector público, lo que fue reflejado en acuerdo paritario con los gremios estatales. Sin embargo se ha seguido una política de riguroso control de los ingresos de personal a la Administración Pública, cubriendo los cargos que quedan vacantes por fallecimiento, renuncia o jubilación que sean estrictamente necesarios para no resentir los servicios que se prestan a la sociedad. Esto permitió reducir la planta ocupada con respecto a 2018 en el orden del 2%, esto sin cesantear a ningún agente público, cumpliendo además con las exigencias del régimen de responsabilidad fiscal.

En cuanto a los gastos de funcionamiento, si se los compara en relación al cierre del ejercicio 2015, registran en términos relativos con respecto a los ingresos, una disminución próxima al 20%, sin embargo se garantizan partidas suficientes para la atención de aquellos servicios esenciales como lo son salud con un incremento del 33%, programas sociales un 31%, seguridad, minoridad, discapacidad, becas, con incremento promedio del orden de 40%, y una fuerte contención de todos aquellos gastos de estructura cuya variación se ubica en el 7%, todos ellos medidos en relación a la proyección estimada al cierre del Ejercicio 2019.

Producto de diversas medidas que han sido ajenas al Ejecutivo Provincial, el Tesoro Provincial ha incrementado el financiamiento para inversión pública, previendo en 2020 una suma cercana a los $5.000 Millones, lo que representa un incremento cercano al 35% con respecto al 2019.

Además, si sumamos diversos recursos que son propios de distintos organismos provinciales, la toma de créditos, como los fondos nacionales que aún financian algunos programas, el total previsto para la inversión en el Proyecto de Presupuesto asciende a $16.294 Millones, con lo que queda garantizada la continuidad de todas aquellas obras en ejecución, como también a dar inicio a nuevos proyectos que son necesarios para el desarrollo provincial.

De una vista general, continuando en el análisis de las rentas generales, el proyecto de presupuesto evidencia un resultado operativo positivo cercano a los $1.000 Millones, lo que marca una sana y prudente administración en el uso de los recursos públicos afectados a los gastos que generan la gestión diaria.

Si consideramos el resultado financiero, el mismo arroja un déficit de $3.595 Millones, que surgen de considerar ingresos corrientes por un total de $128.906 Millones, un gasto corriente estimado en $127.958 Millones, otros recursos por un total de $387 Millones y una inversión en obras publicas de $4.931 Millones. Es decir, que el déficit está explicado en el financiamiento de la obra pública con remanentes y uso del crédito.

En cuanto al Resultado Primario (Resultado Financiero – Intereses de la Deuda) se proyecta un resultado positivo de $1.467 Millones, lo que representa el 1,1% del total de los recursos.

El proyecto de Presupuesto prevé una autorización de endeudamiento para el financiamiento de una parte de los vencimientos de la deuda y para la realización de obras por la suma de $10.611,33 Millones, lo que significa una previsión que podrá ser utilizada en forma total o parcial de conformidad a la evolución de las necesidades financieras.

Vale destacar que la Ley de Presupuesto para el Ejercicio 2018 contenía autorizaciones de endeudamiento por un total de $6.847 Millones, y de ese total sólo se hizo uso de un financiamiento por la suma de $900 Millones, mientras que en la Ley de Presupuesto 2019, la autorización de endeudamiento aprobada fue de $3.570,28 Millones, de los cuales a la fecha sólo se utilizaron $600 Millones.

Este comportamiento en la administración de la deuda ha venido definiendo un perfil de marcado desendeudamiento, aún con el efecto de la devaluación de nuestra moneda contra el dólar en los 2 últimos años.

Así, si medimos la Deuda Pública con respecto al Producto Bruto Geográfico (PBG) estimado, se observa que en 2017 representaba un 13,12% mientras que proyectado a 2020 la misma sería de un 12,25%. Si a esta comparación la hacemos con el total de Recursos, en 2017 arrojaba un 62% mientras que proyectado a 2020 sería de 49%.

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