El objetivo es asegurar el cumplimiento de las obligaciones del Estado, garantizar derechos esenciales y asistir al sistema de salud en la pandemia.

La iniciativa, que ingresa por la Cámara de Diputados, declara el estado de emergencia pública en materia económica, sanitaria, administrativa y previsional por un año, y se aplicará al Ejecutivo, entes descentralizados y poderes Legislativo y Judicial. Se procura un esfuerzo colectivo en base a quienes tienen mayor capacidad contributiva.

En ese marco, el proyecto dispone que las entidades financieras y bancarias cumplan con una contribución especial, al igual que los propietarios de superficies rurales superiores a 1.000 hectáreas que representan el 3 por ciento de las partidas en toda la provincia. Es decir, el 97 por ciento quedará exento de ese aporte extraordinario.

Además se equipararán los tributos de la venta mayorista de medicamentos (droguerías) a los de las provincias de la Región Centro.

También se propone un aumento progresivo de aportes de activos y pasivos a la Caja de Jubilaciones para contribuir a la sustentabilidad del sistema previsional. Ese incremento comprenderá sólo al 15 por ciento de los empleados y jubilados de los tres poderes del Estado, es decir, quienes perciben los haberes más altos.

Finalmente, se consigna que ningún organismo ni ente descentralizado del Poder Ejecutivo, Legislativo o Judicial podrán incrementar sus haberes por fuera de los acuerdos paritarios que el gobierno defina con los gremios.