El ex ministro de Economía, Nicolás Dujovne, se hizo el distraído, armó una maniobra para no firmar los acuerdos por los peajes y tuvo su beneficio: no fue procesado por fraude en perjuicio del Estado, sino por una combinación de delitos menores, abuso de autoridad e incumplimiento de los deberes de funcionario público. La expectativa de pena, en caso de ser condenado, es de dos años de prisión, lo que marca la diferencia con el ex ministro de Transporte, Guillermo Dietrich, el ex titular de Vialidad, Javier Iguacel, y el ex procurador del Tesoro, Bernardo Saravia Frías , que afrontan una pena máxima de seis años de prisión por defraudación. El embargo para Dujovne fue de 100 millones de pesos, cifra que no podrá cubrir con el baldío que declaró como su vivienda al principio de su gestión, aunque tiene más de dos millones de dólares en sociedades en el exterior, suficiente para cubrir lo estipulado por el juez Rodolfo Canicoba Corral.

El magistrado deja este miércoles su cargo al cumplir 75 años, la edad fijada por la Constitución Nacional para que los jueces pasen a retiro. Como ya anticipó, Canicoba se tomará unas vacaciones y luego se dedicará a ser abogado en el estudio que encabeza su esposa.

Como despedida, Canicoba cerró parcialmente el círculo de la escandalosa causa de los peajes, que los grandes medios opositores vienen escondiendo de forma notoria. En el procesamiento que dictó este lunes respecto de Dietrich, el juez dejó en claro que los contratos de concesiones fueron un negociado a favor de los empresarios, con un perjuicio mínimo para el estado de 749.000.000 de dólares. Lo que sucede es que entre los empresarios estaba la familia Macri, dueña del siete por ciento de la concesionaria que usufructuaba la principal autopista del país, la Panamericana.

Es evidente que Dujovne percibió la ilegalidad de los acuerdos que se firmaron y esquivó poner su rúbrica. El juez sostiene que «resulta más que claro que la normativa obligaba al encausado a firmar el acuerdo omitiendo éste intencionalmente ejecutar lo que la norma estipulaba. No sólo no firmando el Acuerdo sino tampoco la nota sobre el tema que fue rubricada por el secretario Legal y Administrativo y que fue la única del ministerio a su cargo». En otras palabras, que Dujovne la vio venir y le hizo la gambeta. Canicoba afirma que se trataba de tarifas y de cifras inmensas de dinero, lo que requería «un profundo y minucioso control» de Economía.

Como el magistrado sostuvo en los procesamientos anteriores, las ilegalidades del caso peajes fueron las siguientes:

* Tres días antes de la asunción de Mauricio Macri, las concesionarias del Acceso Norte y Oeste iniciaron una demanda internacional en el Ciadi, el tribunal del Banco Mundial. La demanda era infundada, tardía y, según el área técnica de Vialidad podía ser desechada o, en el peor de los casos, la Argentina podía ser condenada a pagar 71 millones de dólares.

* Pese a ese diagnóstico, se le reconoció a los concesionarios una especie de indemnización de 499 millones de dólares. El juez dejó asentado en su fallo que Macri era el dueño del siete por ciento de las acciones de Ausol.

* Los 499 millones de dólares no los pagaría el estado sino los usuarios, a través de aumentos de tarifas.

* Al mismo tiempo, y con el argumento de que era parte del arreglo de la demanda, se le extendió la concesión a las dos empresas que explotan la Panamericana y el Acceso Oeste, ambas con presencia mayoritaria de Florentino Pérez, el presidente del Real Madrid, amigo de Macri.

* Para concretar todas estas jugarretas, el gobierno de Macri designó en Vialidad a numerosos funcionarios que provenían del Grupo Macri o sus empresas o los estudios de abogados vinculados. Esos nuevos ejecutivos ocuparon puestos creados a propósito, que fue la forma en que se desplazó a los funcionarios de carrera que se oponían al negociado.

* Con todas estas maniobras, las acciones de Ausol subieron de 3,50 pesos a 14,50 y luego fueron vendidas por el grupo Macri en 75,50 pesos a una empresa, Natal S.A., sin antecedentes en el rubro. Las acciones, con la renovación del contrato, siguieron subiendo y llegaron a más de 120 pesos.

Canicoba consideró las maniobras como «delictivas y totalmente favorables a las empresas». Por eso procesó a Iguacel, Dietrich y Saravia Frias por el delito de administración fraudulenta en perjuicio del estado, tal como lo establecía la denuncia presentada en su momento por Rodolfo Tailhade, Leopoldo Moreau, Carlos Castagneto y Adrián Grana.

El juez podría haber apuntado contra Macri, el verdadero dueño de la pelota en este gigantesco fraude. Se ve que consideró que el ex presidente nunca apareció en escena, mandó al frente a otros y no firmó nada. Tal vez Canicoba Corral evaluó que no contaría con elementos suficientes para imputarlo, pero está claro que es un «negocio» del que Macri fue, indudablemente, uno de los beneficiarios.