En conversación con El Dr. Mariano Giampaolo y a propósito de las declaraciones y amenazas públicas desde la Sociedad Rural e instituciones afines, El el Letrado explicó que estamos ante una simple disputa entre privados, en el marco de una familia mafiosa, dentro de la cual es evidente que se quiere pasar por sobre la justicia, con razón o sin razón, se intenta obtenerla aun sin tenerla, sobre todo por parte de los hermanos varones, los que ni siquiera se presentaron a la audiencia de mediación en el juzgado en turno de la Paz, ni presentaron los títulos de propiedad el Campo Casa Nueva en la Sucesión que tramita en el Juzgado 7 de Paraná; Mientras que su hermana Dolores ingreso con su llave y a plena luz del día acompañando testimonio de la asamblea por la que le corresponden 129 hectáreas, todo lo que demuestra que esto «no es una toma, ni es una usurpación».

En ese estado la Sociedad Rural, en una actitud coactiva exige al Gobierno Provincial acción!! ¿Qué tipo de Inacción se pude acusar? Cuando en realidad lo que se quiere es forzar a un Gobierno y a la justicia a que los apañe en su accionar ilegal
Dolores la heredera, hasta ahora demostró que «tiene derecho a poseer el campo en el marco de la sucesión Indivisa (o sea aún no terminada), mientras que los Etchevehere varones, pretenden estirar de por vida la sucesión y mediante amedrentamiento y violencia de género contra su hermana, impedirle el uso de su propiedad y usufructuarla (quedarse con su producido), un atropello propio de patrones de estancias que por algo están denunciados y condenados por el delito de reducción a la servidumbre de su Personal y pesa sobre ellos medidas restrictivas por violencia, dictadas por el Juez de Garantías que claramente las dispuso por el grado de violencia de los hermanos varones contra la hermana, imponiéndole una medida perimetral por 30 días en autos
«Etchevere, Dolores s/ su denuncia – Extorsion en contexto de violencia de genero ipps n° leg oga n° 1932-o»
Ahora como Dolores se puso firme y accionó y uso lo que no le dejaban usar, recurren a la coacción y amenaza pública, usando para ello a productores que ni siquiera conocen la causa judicial y a los que engañan con falsas premisas o incluso a otros vecinos que comparten la mismo sesgo ideológicos, motivando toda esta movida, mediática, política, judicial y antidemocrática, solo para que le den razón cuando no la tienen.
En esa línea de acción hacen intervenir a la Sociedad Rural con un comunicado claramente coactivo, para apretar a la justicia e instigar a los funcionarios provinciales, pretendiendo obtener un beneficio «patrimonial» que no les corresponde. Convierte un capricho económico en una causa pública.
Amenazando que en caso que no se le de la razón, harán «Arder en llamas un País» como dijo Azcué desde la Sociedad Rural o peor aún insinuando “no volver a cometer los errores de la dictadura”, como peligrosamente se manifestó D´ambros, comentarios incitadores que exceden todo límite tolerable.
Esto es una disputa privada en un sucesorio privado, que solo alguien con un prontuario como el de Etchevehere, puede forzar a un conflicto político, coaccionando públicamente para conseguir caprichosamente lo que no le corresponde, personajes que no dudan en mentir a sus colegas productores, ni tampoco en cometer delitos de gravedad institucional CONTRA EL ORDEN PUBLICO violando el 209 al 213 del Código Penal donde se impone prisión de hasta 6 años a quienes incurran en «incitación a la violencia», «apología del delito» y a la «coacción a funcionarios judiciales» para obligarlos a resolver de determinada manera; incurriendo incluso en figuras de la Ley 26.734 que tipifica «DELITOS con la finalidad de aterrorizar a la población u obligar a las autoridades públicas a resolver de una manera ligada a sus intereses»
Por lo que en conjunto con otros actores que están estudiando la materia o como ciudadanos que no toleraremos más este tipo de ataque es que estamos denunciaremos formalmente la comisión de estos delitos