De acuerdo a los datos recogidos por el Registro Nacional de Femicidios de Mujeres de la Matria Latinoamericana (Mumala), el año pasado se registraron 270 feminicidios en el país, 203 de ellos en contexto de pandemia. Esto representa un feminicidio cada 32 horas.

De ellos, 230 fueron directos, 15 fueron vinculados de niñas y mujeres, y 17 vinculados de niños y varones. También hubo 6 trans/travesticidios y 2 lesbicidios.

Los datos difundidos por Mumala revelan que hubo además 278 intentos de feminicidio. En total se reportaron 329 muertes violentas de mujeres en todo el país, 34 de las cuales se encuentran en proceso de investigación y 25 fueron en contexto de violencia urbana, la mayoría relacionada con el narcotráfico.

Más datos

En el informe se observa que en el 40% de los casos el femicida era pareja conviviente de la víctima, mientras que en el 19% era expareja. El 14% eran conocidos, el 6% desconocidos y en otro 6% de los femicidios registrados no se obtuvieron datos sobre el vínculo entre la víctima y el agresor.

Entre otros datos, Mumalá develó que el 17% de las víctimas había denunciado a su agresor previamente. El 4% de los femicidas pertenecen a las fuerzas de seguridad. Después del crimen, 15% de los agresores se suicidó.

El 13% de las víctimas estuvo desaparecida; el 7% fue abusada sexualmente; y el 4% ejercía la prostitución. El 8% de las mujeres era migrante de otro país y el 4% de otra provincia.

También se aprecia que el 66% de los asesinatos se ejecutaron en la vivienda de la víctima o en la que compartía con el femicida y el 12%, en la vía pública. El 6% de los casos el feminicidio se cometió en la vivienda del agresor; otro 6% en un descampado; un 4% en la vivienda de un familiar; el 2% en el trabajo de la víctima; y un 4% en otros espacios.

Respecto a la edad de las víctimas, el 49% tenía entre 19 y 40 años; el 24% entre 41 y 60 años; el 11% más de 60 años; el 8% de 0 a 8 años; el 4% de 16 a 18; y el 3% de 13 a 15 años.

Medidas

Desde Mumalá se exigió al Estado Nacional “presupuesto acorde para la atención integral de mujeres e integrantes del colectivo LGTBIQ+” y la “implementación urgente de todas las medidas económicas anunciadas por el gobierno para víctimas de violencia de género y el colectivo travesti trans, que siguen con demoras burocráticas y clientelares (Programa Potenciar Trabajo, Programa Acompañar)”.

“Es urgente declarar la #EmergenciaNiUnaMenos; la implementación de la Ley de Educación Sexual Integral y la aplicación efectiva de la Ley Micaela de capacitación obligatoria en género y violencia de género en todos los ámbitos del Estado, desde una perspectiva feminista, diverse – disidente”, reclamó además el colectivo.