6 mayo, 2021 10:23
Desde hace ya ocho días el pueblo colombiano se encuentra en pie de lucha, protestando en las calles de diferentes ciudades del país en contra de la política económica del actual gobierno de Iván Duque.
Sol Fransoi es antropóloga, egresada de la Universidad Nacional de Rosario (UNR). La concordiense pone su mirada en lo que está pasando en el país hermano y describe el escenario actual recordando que “el detonante del descontento popular fue el anuncio de una reforma tributaria de carácter anti popular, la escalada del conflicto develó razones más profundas en la indignación y el hartazgo del pueblo colombiano”.
A continuación, el artículo completo:
El pasado jueves 28 de abril, el pueblo colombiano se autoconvocó en las calles de diferentes núcleos urbanos y rurales del país para repudiar la reforma tributaria que intentaba impulsar el actual gobierno de Iván Duque. Dicha medida económica pretendía resolver el desequilibrio fiscal acentuado por la situación de pandemia a través de la recaudación de 25 billones de pesos colombianos, equivalentes a unos 6.850 millones de dólares. La polémica y el rechazo popular a esta medida se dieron en torno a las fuentes de donde el gobierno pretendía obtener esos ingresos. En efecto, la reforma establecía un impuesto sobre la renta a todos aquellos trabajadores que ganan dos salarios mínimos y medio (675 USD mensuales), afectando a las capas medias de la población, pero también planteaba un aumento del IVA de hasta el 19% en varios productos de la canasta básica, lo cual perjudicaba significativamente a quienes integran las capas más desfavorecidas de la población, con empleo formal o informal. Adicionalmente se planteaba un aumento en la gasolina, en ciertos servicios como la luz y el gas para ciertos segmentos de la población. Las empresas y sectores más enriquecidos de la sociedad prácticamente no se percatarían de la reforma tributaria.
La inmediata reacción de indignación que el anuncio de esta medida despertó tanto en sectores medios como populares, puede comprenderse aún más si tenemos en cuenta que la misma fue propuesta en un contexto en el cual el grueso de la clase trabajadora experimenta un deterioro significativo de sus ya deterioradas condiciones de vida. En efecto, cifras oficiales indican que un 42,5% de los colombianos viven por debajo de la línea de pobreza, lo cual representa un incremento sostenido de casi 7 puntos con respecto al año 2019. A esto hay que sumarle el deficiente tratamiento que se ha dado a la pandemia, expresado en un marcado retraso en su campaña de vacunación en comparación con otros países. Si a esto le sumamos la intención del gobierno de adquirir autos oficiales y aviones de combate por una cuantiosa suma que representaría el 60% de lo que el mismo gobierno plantea recaudar con la reforma tributaria, entendemos el fuerte descontento que desde hace una semana sostiene al pueblo en las calles.
Aunque estas razones parecen ser más que suficientes para explicar la masividad de las protestas, la escalada del conflicto desde su inicio al día de hoy, puso en evidencia un acumulado de experiencias de mediano y largo alcance que se encuentran en la base del hartazgo y la rabia de un pueblo que no se rinde. Tan solo haciendo referencia a los acontecimientos de las últimas dos décadas, las razones se tornan visibles.
En el año 2016, se inician las conversaciones entre el expresidente Juan Manuel Santos (2010-2018) y las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia – Ejército del Pueblo (FARC-EP) para dar cierre al conflicto armado interno presente en el país desde los años ‘60. Un primer acuerdo fue plebiscitado en septiembre de ese año, y derrotado por el “No” oposición promovida por el expresidente Alvaro Uribe Velez (2002-2010) con demostradas implicaciones en el conflicto y portador de numerosas causa penales vinculadas al mismo. Finalmente, luego de las negociaciones con el bando opositor y la modificación de puntos claves del primer acuerdo vinculados a la seguridad de los ex combatientes, se firmó el Acuerdo Para La Terminación Definitiva del Conflicto en noviembre de ese mismo año.
En este contexto, las cifras de asesinatos a excombatientes por grupos armados irregulares (paramilitares) se incrementaron. Según los datos de la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP), desde 2016 a abril de 2021 han sido asesinados 276 desmovilizados y 904 líderes/as sociales y defensores/as de derechos humanos. Recientemente, este organismo también alertó sobre la existencia de 6402 casos de asesinato de civiles desarmados y presentados como “bajas en combate” por parte de la fuerza pública, durante los gobiernos de Alvaro Uribe Velez y parte del mandato de Juan Manuel Santos. Esto fue consecuencia de una política de incentivos para los miembros del Ejército colombiano que mostraran “bajas” como resultado de su gestión. Se trata de los denominados por la prensa colombiana como “falsos positivos”, jóvenes de sectores populares que engañados con ofertas de trabajo, fueron llevados a otros parajes, y luego asesinados por miembros de la fuerza pública. A estas cifras hay que agregar el aumento de casos de desplazamiento forzado por la violencia, que según Defensoría del Pueblo con un total de 27.435 personas desplazadas según la Defensoría del Pueblo, y un total de 35 masacres en lo que va corrido del año, según la organización Indepaz .
Desde el miércoles 28 de abril, el pueblo trabajador de Colombia se ha congregado en distintos puntos del país (ciudades y poblados rurales) para manifestar su repudio a lo que denominaron el “atraco tributario”, pero también para denunciar la escalada de violencia que se ha presentado en el país. Si bien la mayoría de las manifestaciones se han dado de manera pacífica, desde el día uno, los grandes medios de comunicación masiva (principalmente las cadenas de televisión RCN y Caracol) se encargaron de mostrar al Paro Nacional como una sucesión desafortunada de actos vandálicos que atentan contra la propiedad privada, propagando el miedo y criminalizando la protesta social.
Al tercer día de la movilización, el expresidente Álvaro Uribe Veléz publicó un mensaje en twitter donde llamaba a apoyar “el derecho de soldados y policías a utilizar sus armas para defender su integridad y para defender a las personas y bienes de la acción criminal del terrorismo vandálico”,
acto fue ampliamente repudiado y criticado por incitar a la violencia. Si bien twitter eliminó el trino y suspendió la cuenta del exmandatario, varios de sus críticos lo señalan como responsable de la violencia desatada en los días subsiguientes y que al 5 de mayo deja un saldo de 1708 casos de violencia policial, entre ellos 222 víctimas de violencia física, 37 de violencia homicida, 831 detenciones arbitrarias, 22 víctimas de agresión en sus ojos, 110 casos de disparos con arma de fuego y 10 víctimas de violencia sexual, según la ONG Temblores, que hace seguimiento a las denuncias.
Aunque en la tarde del 2 de mayo, el presidente anunció que retiraría la reforma tributaria y posteriormente se dió la renuncia de su Ministro de Hacienda, Alfredo Carrasquilla, las manifestaciones no cesaron. Al unísono se gritó en las calles que #ElParoNoPara, denunciando que el anuncio del gobierno no era más que una vieja estrategia para desmovilizar a la clase trabajadora y para desentenderse de sus responsabilidades sobre los crímenes perpetrados durante las manifestaciones. Del “NO al atraco tributario”, la protesta se concentró en responsabilizar al gobierno directamente por el tratamiento bélico de la protesta. En las diferentes concentraciones, manifestantes entonaron con euforia “Duque Ciao”, versión del paro colombiano de la famosa obra “Bella Ciao”.
Al igual que en las protestas de Ecuador y Chile acaecidas a fines del 2019, la movilización social en Colombia evidencia la importancia capital de las redes sociales en la resistencia de los manifestantes, no sólo como medio para superar el cerco mediático y elevar denuncias, sino también como forma de generar, difundir y viralizar consignas con un gran respaldo popular. Un ejemplo de esto, gira en torno a la pregunta “¿Quién dio la orden?. En efecto, varios meses atrás, en Colombia comenzó a popularizarse el uso de esta pregunta para exigir a la justicia el procesamiento de los máximos responsables de los mencionados casos de “falsos positivos”. “¿Quién dio la orden?” volvió a aparecer en las redes sociales ante la reciente ola de asesinatos que se han presentado como consecuencia del Paro. El movimiento de “Madres Falsos Positivos de Colombia” denunció en sus redes sociales: “No es que sea nuevo eso de que el Ejército dispara contra civiles, es que ya no lo hacen a escondidas. Que el mundo sepa que ya van más de 6402. Mucho más”, mensaje que fue ampliamente difundido.
A la par del movimiento de Madres también se han pronunciado otros actores dentro y fuera de Colombia, denunciando los excesos de la fuerza pública y pidiendo al gobierno de Iván Duque que atienda las demandas. Con las tendencias #SOSColombia, #ColombiaAlertaRoja, #NosEstanMatando #DuquePareLaMasacre, las redes sociales se han inundado de videos en los que se ve a la policía usando armas de fuego de manera indiscriminada y lanzando ataques con armas aturdidoras en contra de los manifestantes. Varios manifestantes han alertado sobre una posible estrategia para censurar la difusión de información por barrios, en las ciudades de Cali y Bogotá, donde la señal de los celulares ha sido disminuida y las redes sociales han funcionado de manera parcial, especialmente en horas de la noche, situación que se ha acompañado con cortes de luz.
Por las redes también se dio a conocer la solidaridad del pueblo en el Paro, con la gestión de ollas populares para alimentar a manifestantes, las donaciones de insumos médicos para atender a heridos en las protestas y el accionar voluntario de trabajadores de la salud, así como de abogados que se han dispuesto a ayudar a los detenidos. Además, las manifestaciones se han expresado también con alegría: en la ciudad de Cali, capital de la salsa, denominaron “Puerto Resistencia” a uno de los puntos de la concentración, donde en ausencia de la policía, la gente se concentra en un clima de baile y comida, resguardados por los jóvenes de la primera línea que se plantan en defensa de la población con escudos de chapa y capucha.
Simultáneamente, se visibilizó en las redes, la realización de concentraciones en distintas ciudades del mundo para dar su apoyo al pueblo movilizado y pedir tanto el cese al fuego como el urgente tratamiento de políticas económicas acordes a las exigencias de los sectores más desfavorecidos. En Argentina, las concentraciones más importantes se dieron en Buenos Aires, Córdoba y Rosario. También circulan comunicados lanzados por algunas organizaciones de derechos humanos que buscan sumar adhesiones a la causa, como otra forma de solidaridad internacional.
