La noticia se dio a conocer en medio del escándalo que protagoniza Castrillón, que debe presentarse a indagatoria ante el fiscal de La Paz por estas horas. Además, el vocal fue denunciado al Jurado de Enjuiciamiento de la Cámara de Diputados por episodios de violencia.

El presidente de la Caja de Jubilaciones, Edgardo Scarione, firmó la resolución a primera hora de este viernes. Se comunicó al propio interesado y a las autoridades del Superior Tribunal de Justicia (STJ). Ahora el gobierno del Poder Judicial debe comunicar el cese y designar un interino.

Dio a conocer el domingo último que Castrillón se había interiorizado sobre los trámites para jubilarse los primeros meses de este año. Aunque la presentación formal fue durante los últimos días de abril. En el organismo provincial que administra la clase pasiva se dio un trámite rápido al requerimiento del vocal.

En declaraciones realizadas  en la mañana de este viernes, Scarione confirmó la novedad y explicitó que “está digitalizado el sistema de comunicación” con lo cual tras la firma del trámite “se le comunica a él y al Superior Tribunal que es su empleador”.

Agregó que “en la provincia tenemos la suerte de que no pasa demasiado tiempo sin cobrar una persona que pasa de activo a pasivo; siempre se trata que sea un plazo de 40 a 50 días e incluso se le paga un anticipo”. Consideró que “es muy probable” que en junio ya comience a cobrar su jubilación. “En eso somos respetuosos de la ley y no hacemos distinciones entre los beneficiarios más allá de que algunos cobren más y otros cobren menos”, afirmó.

Consultado por la rapidez del trámite, el funcionario sostuvo: “Tomé todos los recaudos necesarios, sé de mi responsabilidad y sé que el 1 de marzo a las 7 de la mañana vino a la Caja el doctor Castrillón con toda su papelería y que el artículo 35 de la ley 8.732 dice que la formal presentación de la solicitud de jubilación significa para el beneficiario la renuncia expresa a su labor, es decir que Castrillón renunció a su trabajo el día que presentó formalmente su beneficio”.

Y agregó que “desde ese día Castrillón ya había renunciado. También la ley dice que esa renuncia está condicionada al otorgamiento de su beneficio, y el expediente que contenía su beneficio no tiene ningún elemento por el cual se pueda rechazar ya que tiene 42 años y cinco meses de antigüedad, tiene la edad necesaria y todos los requisitos cumplidos”. Aclaró que “el trámite se demoró bastante porque se le pidió un original que a otro beneficiario no se le hubiera pedido pero que a él se le solicitó por el hecho de ser vocal del Superior Tribunal. Cuando él vino tenía todos los elementos y lo retrasamos porque faltaba un original de un lugar determinado”.

Reiteró que “Castrillón ya está jubilado, y desde el día que está formalizada su presentación efectuó una renuncia a su trabajo y el expediente no tiene ningún elemento para ser negado, está a derecho y además se lo hizo revisar varias veces todo el trámite, no por el juicio político sino por el cargo del que se trata. Tratamos de ser cuidadosos para evitar problemas”.

Enjuiciamiento sin efecto

De este modo, el proceso de Enjuiciamiento en la Cámara de Diputados de la provincia queda sin efecto, dado que el paceño dejó de ser vocal del STJ y es en el marco de esa función que fue denunciado. La presentación en la Legislatura fue realizada por el periodista Daniel Tirso Fiorotto, tras la publicación de un extenso informe a cargo del director de este medio, el 8 de abril último, en la edición 1119 de la revista Análisis.

En la parte medular del documento presentado por Fiorotto, que se basó en gran medida en el informe periodístico, se describieron varios hechos y, en cada caso, también se ofrecieron pruebas y testimoniales.

Además de los casos más conocidos -como los episodios filmados en un drugstore de La Paz, la denuncia contra Castrillon que presentara la Vocal Susana Medina de Rizzo, lo mismo que los mensajes amenazantes que habría enviado a mujeres que integran la comisión directiva de la Asociación de la Magistratura-, Fiorotto hizo hincapié en empleadas y empleados del Poder Judicial que habrían sido víctimas de los embates violentos del magistrado, tal como se reflejó en la edición impresa de este medio.