14 mayo, 2021 13:05
La seccional Concordia del Colegio de la Abogacía de Entre Ríos “expresa su preocupación por las medidas sindicales adoptadas por personal judicial”, dice el encabezado del comunicado remitido
La referencia de los abogados concordienses es a la decisión de los trabajadores judiciales que, recientemente, aprobaron sostener el plan de lucha que vienen realizando dos días a la semana. Es decir, por lo que resta de mayo reclaman de la siguiente manera: los lunes habrá retención de servicios entre las 11 y las 13; y los jueves, paro de actividades por 24 horas.
El viernes pasado, la Asociación Judicial de Entre Ríos (AJER) ratificó por amplia mayoría el plan de lucha que incluye no sólo la demanda salarial y que el Gobierno no prorrogue la Ley de Emergencia Solidaria, que aplicó quitas en los salarios de activos y pasivos, sino también el abordaje de los problemas de la Caja de Jubilaciones para garantizar la sustentabilidad y el 82% móvil.
En un párrafo saliente del Colegio presidido por el doctor Silvio Rugolotto, puede leerse: “requerir la urgente mediación de las autoridades judiciales correspondientes, ello a los efectos de garantizar el derecho de la ciudadanía de acceso al servicio de Justicia, que evidentemente se ve gravemente afectado”.
Más adelante, recordaron que “detrás de cada expediente judicial en trámite existe una expectativa personal, familiar, económica, en definitiva, de indudable contenido social y es por ello que la demora en su solución –aun justificada-, perjudica y lesiona aquel derecho que el ciudadano pone en manos de la justicia”.
A continuación el comunicado completo:
A raíz de las medidas de fuerza implementadas y ejecutadas en forma paulatina y creciente por la Asociación Judicial de la pcia de Entre Ríos (AJER), la Sección Concordia del Colegio de la Abogacía de Entre Ríos, se ve en la imperiosa necesidad de REQUERIR la urgente mediación de las autoridades judiciales correspondientes, ello a los efectos de garantizar el derecho de la ciudadanía de acceso al servicio de Justicia, que evidentemente se ve gravemente afectado.
Cabe destacar que este Colegio ha tenido siempre una visión contemplativa y respetuosa de las distintas manifestaciones, reclamos y postulaciones gremiales del sector, inclusive acompañando en ocasiones posturas que entendimos, resultaban de absoluta ingerencia conjunta.
Dicho esto, también es cierto que en el caso en particular se trata de una actividad con características especiales y absolutamente diferentes al resto de la administración pública provincial, motivo por el cual merece una mayor y mejor atención por parte de las respectivas autoridades.
En efecto, detrás de cada expediente judicial en trámite existe una expectativa personal, familiar, económica, en definitiva, de indudable contenido social y es por ello que la demora en su solución –aun justificada-, perjudica y lesiona aquel derecho que el ciudadano pone en manos de la justicia, y no al revés, porque justamente lo que debe caracterizarnos como sociedad democrática es no dejarnos tentar por ejercer el derecho por nuestras propias manos, aun cuando pensemos que no nos queda otra alternativa.
Como abogados, entendemos y asumimos que debemos bregar incansablemente por la búsqueda permanente de un servicio de justicia oportuno, eficaz, equitativo, e igualitario, de lo contrario, habremos claudicado nuestra incumbencia y responsabilidad profesional en perjuicio de quienes nos han confiado aquellas expectativas.
Resulta innegable que la pandemia ha afectado a todas y cada una de las actividades y en mayor o menor medida todos hemos experimentado consecuencias imprevisibles y disvaliosas.
Es por eso que las actuales circunstancias nos exigen una mayor responsabilidad y solidaridad a la hora de postular nuestra queja; Observemos un poco a nuestro alrededor y comparemos realidades, es una buena forma de saber quiénes han sido más afectados.
En consecuencia, nuestro pedido va dirigido a todos los actores del sistema judicial, a los empleados que trabajan con ahínco y compromiso tanto funcional como social y también va dirigido a los funcionarios que tienen la responsabilidad de procurar las respectivas condiciones de trabajo para que aquello pueda materializarse.
A todos ellos los exhortamos a arbitrar todas y cada una de las medidas que resulten necesarias para que en definitiva se garantice el servicio de justicia a toda la comunidad.
