Un total de 153 personas, entre ellos cinco menores, fueron rescatadas este miércoles en la localidad correntina de Juan Pujol, víctimas de explotación laboral en siete aserraderos, mientras que el Registro Nacional de Trabajadores Rurales y Empleadores (Renatre) denunció que en otro establecimiento se detectaron cinco personas en similar situación. Algunas de las personas que rescataron estaban en malas condiciones de alimentación.

En los procedimientos realizados por Gendamería por orden de la justicia de la localidad de Paso de los Libres, se logró rescatar a 145 personas mayores de edad, cinco menores y dos ciudadanos de nacionalidad paraguaya y uno brasileño.

Los cinco menores fueron restituidos a sus progenitores, en tanto que además se incautaron 1.121.000 pesos, cinco teléfonos celulares y una computadora, así como documentación de importancia para la causa, precisaron las mismas fuentes.

De los procedimientos participaron además de Gendarmería, el Programa Nacional de Rescate y Acompañamiento a las Personas Damnificadas por el Delito de Trata, entre otros organismos nacionales y provinciales.

En los operativos no surgieron detenciones ni clausuras, aunque se encuentra abierta una causa en el juzgado de Paso de los Libres, atendido por el juez Gustavo Fresneda, con participación de la Fiscalía Federal a cargo de Fabián Martínez.

Por su parte, el Renatre detectó indicios de explotación laboral en un establecimiento de producción forestal durante una fiscalización en la zona noreste de la provincia de Corrientes.

Durante esos controles se habían encontrado cinco trabajadores “viviendo en condiciones muy precarias, en un colectivo viejo, sin agua potable ni energía eléctrica”, detalló -en diálogo con Télam- la titular del Renatre en Corrientes, Mónica Arnaiz.

La funcionaria refirió, además, sobre la cuestión salarial que “ninguno de ellos sabía cuánto ganaba” de acuerdo a las declaraciones de los empleados, todos oriundos de la localidad misionera de Leandro N. Alem.

En tanto, agregó que el personal realizaba para la empresa forestal “tala de árboles y no les proveyeron ni ropa de trabajo ni elementos de seguridad para la labor”.

“Se realizó la denuncia penal ante un claro indicio de explotación laboral porque no sabían ni siquiera cuánto iban a ganar, están lejos de su lugar de origen y en condiciones muy precarias de vivienda”, explicó Arnaiz a Télam.

Por otra parte, precisó sobre las próximas acciones que todo se enmarca en un procedimiento administrativo, “donde se le otorgan 15 días hábiles al empleador para regularizar la registración de los trabajadores y su situación de contratación”.

Interviene en el caso la Procuraduría de Trata y Explotación de Personas (Protex), dependiente del Ministerio Público Fiscal, por tratarse de explotación laboral, confirmó la funcionaria y agregó que ahora el empleador tendrá la oportunidad realizar las presentaciones correspondientes.

La fiscalización se llevó a cabo el pasado lunes en una zona rural cercana a San Carlos, localidad distante a 350 kilómetros al este de la Capital provincial y en el límite con Misiones, en un establecimiento rural dedicado a la producción forestal.

Del control, tal como se hace habitualmente, participó personal del Renatre y representantes de Unión de Trabajadores Rurales y Estibadores (UATRE) y posteriormente se realizó la denuncia penal.

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