Esta mañana estaba previsto que aleguen, en la audiencia de remisión a juicio, los defensores del médico Daniel Ojeda y las enfermeras que lo asistían cuando fue intervenida quirúrgicamente una mujer de nacionalidad uruguaya que luego falleció. No obstante, por falta de una sala con espacio suficiente para albergar a todos los participantes respetando las distancias sanitarias exigidas, se suspendió la misma. Los alegatos de los abogados defensores pasaron para el miércoles próximo a las 16, según confirmó el fiscal Martín Núñez.

Según explicó el fiscal, a la tarde no va a haber inconvenientes con la cantidad de gente que debe asistir a la audiencia. Los participantes son los tres imputados, Ojeda y las dos enfermeras, Romina Duráez y María Zárate, más los abogados defensores Enrique Baccialguppe y Rafael Briceño, las víctimas que quieren asistir a la audiencia además del juez y el fiscal. Pero solo se permiten hasta 10 personas por la pandemia y las normas de distanciamiento sanitario en un lugar. “Eso te obliga a que se haga en una sala grande, en la más grande que tenemos, para que no haya contagios”, indicó.

En las audiencias de elevación a juicio, lo que el juez evalúa es la existencia y la pertinencia de las pruebas recolectadas para llevar a una persona a juicio oral. Si considera apropiado el material recolectado y la calificación legal del mismo, se envía el caso a juicio. En caso contrario, se rechaza la solicitud y el fiscal debe seguir investigando. Aunque el objeto principal es evaluar si la prueba producida por la fiscalía es suficiente, puede suceder que la defensa de las personas imputadas pida el sobreseimiento o la falta de mérito para sus patrocinados si entienden que la prueba no es pertinente, que no hay más pruebas a producirse o si hay alguna ilegalidad en las mismas. Habrá que alegan Bacigaluppe y Briceño.

En febrero de 2019, Iris Paulina Amaro Batista, una mujer uruguaya de 45 años, viajó a Concordia, junto con su marido, para realizarse una intervención estética. La descompensación que desencadenó la muerte de la mujer se produjo cuando la intervención (una lipoaspiración de papada) ya había concluido e Iris estaba por retirarse.

La audiencia comenzó el viernes pasado. Ese día, Núñez alegó que había imputado al médico y las dos enfermeras por homicidio culposo con dolo eventual, lo que quiere decir, según explicó el fiscal Nuñez, “cuando una persona sabe que lo que hace puede llevar a un resultado lesivo de bienes jurídicos ajenos, en este caso la vida y la salud de las personas, sabe que hay un riesgo importante, y aún así continúa con su accionar. No hay una voluntad directa de provocar la muerte, pero hay un conocimiento de que las circunstancias en que se realizaban las intervenciones quirúrgicas podían llevar a un resultado trágico. La complejidad de este caso no es que se trató sólo de una mala praxis, en el sentido de imprudencia, sino que había un conocimiento y aceptación de los posibles resultados negativos y, aún así, procedieron por un beneficio económico.”