En medio de las negociaciones, el Directorio Ejecutivo del FMI se reunió para discutir la Evaluación Ex-Post (EPE) del Acuerdo Stand-By firmado con Argentina en 2018 y concluyó que el programa fracasó en sus objetivos. Esta revisión surgió luego de la solicitud que hizo el presidente Alberto Fernández durante un acto en la UIA.
«A principios de 2018, Argentina, al igual que otras economías de mercados emergentes, atravesaba por difíciles condiciones de financiación externa», inició el documento. El gobierno anunció en mayo de 2018 que buscaría un acuerdo con el FMI. En apoyo de un programa económico, la Junta Ejecutiva aprobó en junio de 2018 el acuerdo de reserva «más grande en la historia del Fondo». Después de un aumento en octubre de 2018, el acceso bajo el acuerdo ascendió a US$ 57 mil millones (1.227 por ciento de la cuota del FMI de Argentina).
El informe de evaluación concluyó que se cumplieron las políticas y los procedimientos pertinentes del Fondo, incluidos los relacionados con la financiación, las salvaguardias y el diseño de programas. Sin embargo, no cumplió con sus objetivos, a pesar de las importantes modificaciones de las políticas económicas. El aumento de los reembolsos, junto con la fuga de capitales de los residentes, ejerció una presión considerable sobre el tipo de cambio.
A pesar de las intervenciones cambiarias más allá de las disposiciones del programa, el tipo de cambio «siguió depreciándose, aumentando la inflación y el valor en pesos de la deuda pública, y debilitando los ingresos reales, especialmente de los pobres». En resumen, el informe reconoció que el programa no cumplió con los objetivos de restaurar la confianza en la viabilidad fiscal y externa y, al mismo tiempo, propiciar el crecimiento económico.
De cara al futuro, los directores enfatizaron que los hallazgos de la EPE deberían informar las discusiones en curso sobre un posible programa de seguimiento con Argentina. Los directores «lamentaron» que el programa de 2018 no cumpliera sus objetivos de restaurar la confianza del mercado, reducir los desequilibrios externos y fiscales, reducir la inflación y proteger a los segmentos más vulnerables de la población.
Además, consideraron que la estrategia y la condicionalidad del programa no eran «lo suficientemente sólidas» para abordar los problemas estructurales profundamente arraigados de Argentina, incluidas las frágiles finanzas públicas, la dolarización, la alta inflación, la débil transmisión de la política monetaria, un sector financiero interno pequeño y una base exportadora estrecha.
Los directores señalaron que las líneas rojas del gobierno de entonces sobre ciertas políticas pueden «haber descartado medidas potencialmente críticas para el programa». Entre esas medidas se encuentran una operación de deuda y el uso de medidas de gestión de flujos de capital. Sin embargo, varios directores cuestionaron la viabilidad de implementar estas medidas cuando un objetivo clave del programa era restaurar la confianza del mercado.
El documento sostuvo que acordar con las autoridades por adelantado los planes de contingencia podría haber reducido los riesgos para el programa y el Fondo, pero, a la vez, señalaron las dificultades de manejar dichos planes en la práctica dada la sensibilidad del mercado. También subrayaron que una mayor distribución de la carga con otros acreedores oficiales habría proporcionado financiación adicional y señaló un apoyo más amplio de la comunidad internacional, lo que podría haber reforzado la confianza.
En segundo lugar, los programas deben adaptarse a las circunstancias del país, incluidas las consideraciones de economía política, lo que podría implicar el uso de medidas no convencionales si es poco probable que las políticas macroeconómicas estándar funcionen.
En tercer lugar, el análisis de los riesgos que subyacen a los juicios clave realizados al aplicar el Marco de acceso excepcional debe presentarse claramente y comunicarse a la Junta.
En cuarto lugar, la apropiación, que debe entenderse en un sentido social más amplio, no debe impedir una evaluación sincera de posibles mejores opciones de políticas y resultados de programas.
Quinto, La comunicación externa eficaz es esencial para asegurar la aceptación adecuada en los diferentes niveles y el efecto catalítico deseado.
Por último, aseveraron que «se necesita un reparto adecuado de la carga al celebrar acuerdos de acceso excepcionales».
Argentina le pagó al FMI un vencimiento por casi U$S 1.900 millones
Las reservas internacionales del Banco Central (BCRA) cerraron en US$ 39.153 millones luego de que el Gobierno girara casi U$S 1.900 millones al FMI en concepto del segundo vencimiento de capital correspondiente al crédito por más de U$S 44.000 que el gobierno de Mauricio Macri firmó con el organismo en 2018. Mientras tanto, continúan las negociaciones con el organismo para rever el acuerdo.
Con este pago, el Gobierno alcanzó giros por cerca de U$S 5.200 millones al Fondo a lo largo del año entre capital e intereses, de los cuales US$ 3.800 correspondieron a la amortización de capital que se efectivizó en septiembre y diciembre, en dos desembolsos por U$S 1.900 millones, y U$S 1.400 millones restantes por intereses que se abonaron en distintas cuotas a lo largo de 2021.
Ambos vencimientos de capital se saldaron con los derechos especiales de giro (DEG) que el propio FMI distribuyó entre sus accionistas en agosto, luego de una emisión global de U$S 650.000 millones en DEG para paliar los efectos de la pandemia de Covid-19 de los cuales a la Argentina le correspondieron U$S 4.326 millones. De esta forma, las reservas internacionales volvieron a perforar el piso de los U$S 40.000 millones por primera vez desde mediados de abril de este año, luego de haber alcanzado un máximo de U$S 46.300 millones en agosto.
