La ministra de Salud, Sonia Velázquez, insiste en llevar a juicio al actual secretario general de la Unión del Personal Civil de la Nación (UPCN), José Ángel Allende, con quien protagonizó un altercado cuando este era diputado provincial por el peronismo durante un acto del PJ en el camping del Sindicato de Empleados de Comercio de Paraná en 2018.
Este jueves, a las 11, la Cámara de Casación Penal de Paraná analizará en audiencia el recurso de apelación presentado por la ministra en una causa por amenazas.
Ese trámite, en principio, estaba previsto para el 21 de junio último, pero uno de los defensores de Allende, Maximiliano Rusconi, arguyó que en esa fecha estaría fuera del país y por eso pidió un aplazamiento de la audiencia.
Allende ya tiene dos dictámenes judiciales que lo beneficiaron con el sobreseimiento por prescripción de la acción penal. El 14 de junio de 2022, el entonces juez de Garantías de Paraná, Mauricio Marcelo Mayer -hoy integra el Tribunal de Juicios y Apelaciones-, declaró «prescripta» la acción penal en el marco de la causa que había iniciado la ministra de Salud, al secretario general de la UPCN y exdiputado del PJ, José Ángel Allende, por el delito de amenazas simples en un contexto de violencia de género, y en consecuencia dictó el sobreseimiento del dirigente sindical.
Esa resolución de Mayer fue refrendada por el juez de juicio Alejandro Grippo a comienzos de agosto del año último. Grippo tuvo en cuenta la nueva calificación del delito que se le imputó a Allende, «amenazas simples». Al respecto, dijo: «Cabe señalar que si bien el Dr. Mayer en aquella Resolución del 13 de abril de 2022 declaró que la correcta calificación legal del hecho era la de amenazas simples en ´contexto de violencia contra la mujer´, el legislador nacional no ha previsto el contexto de violencia contra la mujer como agravante de la figura de amenazas, ni tampoco como una agravante genérica». En ese orden de ideas, el magistrado sostuvo que «no cabe duda alguna que conforme al cuadro normativo previsto en el Código Penal, las amenazas simples prescriben a los dos años».
Se trata de la causa que inició en 2018 contra el entonces diputado provincial del peronismo, hoy secretario general de la Unión del Personal Civil de la Nación (UPCN), José Allende, por amenazas luego de un altercado que protagonizaron ambos durante un acto de campaña que se desarrolló en octubre de ese año en el camping del Sindicato de Empleados de Comercio.
-¿Cuándo nos vamos a sentar a arreglar vos y yo? preguntó Allende a la ministra Velázquez.
-No tengo nada que arreglar con vos, José -respondió la titular de Salud.
Pero esa investigación penal por el delito de amenazas no prosperó.
El dirigente gremial y exdiputado fue sobreseído el 14 de junio de 2022 por el juez de Garantías de Paraná, Mauricio Mayer, quien consideró prescripta la acción penal. Esa resolución fue apelada por la ministra ante el juez de juicio Alejandro Diego Grippo, quien en agosto confirmó la resolución de Mayer.
El juez Grippo estableció que la causa se inició el 10 de diciembre de 2019, cuando Allende dejó de ser diputado provincial y, por ende, perdió los fueros legislativos. A ese respecto, compartió el criterio del juez Mayer respecto a que «entiendo que corresponde empezar a computar el plazo de prescripción de la acción penal desde el día del cese de las funciones legislativas provinciales de Allende, es decir desde el día 10 de diciembre de 2019».
El juez tampoco hizo lugar a la apelación que presentaron la ministra de Salud y el fiscal Leandro Dato, de la Unidad Fiscal de Violencia de Género, por lo cual la titular de la cartera sanitaria debió ir en queja a la Cámara de Casación Penal para que revise el fallo de prescripción.
Esa revisión ocurrirá en audiencia, este jueves, a las 11.
