Un grupo de personalidades del ámbito político-cultural nacional, encabezado por el exjuez federal Carlos Rozanski y la exdiputada Dora Barrancos, impulsa un juicio político contra el presidente Javier Milei al advertir que habría incurrido «de manera reiterada en la causal de mal desempeño a través de diversas apariciones públicas así como en aportes deliberados en redes sociales de amplia difusión».
En un extenso escrito dirigido al presidente de la Cámara de Diputados, Martín Menem, los denunciantes señalan que el presidente a lo largo de su mandato, e incluso tiempo antes, se asocia de manera explícita a «situaciones del ámbito político económico, con graves delitos sexuales así como de violación de la legislación vigente en materia de discapacidad».
Para justificar tamañas acusaciones, los firmantes del pedido de juicio político enumeran intervenciones en la esfera pública del mandatario y sus constantes intervenciones en la red social X (exTwitter).
«Hace apenas unos días, Javier Milei tuvo intervención avalando una imagen del gobernador Ignacio Torres y de los periodistas Eduardo Feinmann, Esteban Trebucq, Luis Majul y Pablo Ignacio Rossi. En la parte superior de la imagen (se acompaña copia impresa) se ve a cuatro adultos en ropa interior y debajo de ellos, una silueta de un niña con cabellos rubios pero su cara reemplazada por el rostro del gobernador de Chubut», señaló el grupo.
«El texto de la publicación que validó el presidente con un “like”, resulta inequívoco en cuanto a la descripción de la escena. Es explícita la alusión a un acto sexual en el que resultaría protagonista pasivo Ignacio Torres pero en cuerpo de una niña, y activos los periodistas cuyas caras fueron insertadas en los cuerpos de adultos en ropa interior. No corresponde abundar en esta presentación en los estragos que causa en nuestra sociedad la pedofilia y en especial en la víctimas siempre vulnerables e indefensas», denunciaron Rozanski y los firmantes.
«La pedofilia es un delito que afecta cruelmente a las infancias. El hecho de que el presidente de la Nación haga apología de escenas que aluden a actos de abuso sobre la imagen de un niño/a reviste una gravedad extrema y resulta inaceptable para todos/as los/as ciudadanos/as», enfatizó el grupo.
En otro fragmento del escrito, también se señala que el Presidente incurre en la discriminación contra personas con discapacidades, específicamente síndrome de Down, con una violencia intolerable y perjudicial para la ciudadanía. Se menciona particularmente el escándalo que se suscitó con el gobernador Torres y los insultos que sufrió el economista Roberto Cachanosky, a quién Milei catalogó de «mogólico».
Para los denunciantes, «la recurrencia de ideaciones que refieren a la violencia sexual y a la pedofilia así como a utilizar como insulto condiciones de discapacidad, demuestran una falta de diques anímicos indispensables para la vida en sociedad y en especial para un correcto desempeño institucional» que imponen el pedido de juicio político.
«Los graves desórdenes de conducta aquí reseñados, son de reciente data y por su gravedad, trascienden aquellos que requieren una mera objeción o crítica. Igualmente, como ciudadanos/as nos sentimos profundamente afectados/as por sus dichos, que impactan en la sensibilidad de todos/as y muy especialmente ofenden a quienes son víctimas de esos graves delitos que Milei naturaliza al usarlos como pretendidos eufemismos», consideraron desde el espacio denunciante.
En los apartados finales, el grupo considera que las agresiones del Presidente equivalen a «la desprotección de la comunidad es absoluta» por lo que resulta «urgente» tomar medidas que «sostengan un entramado vincular con los límites necesarios para conformar una sociedad solidaria». «En ese sentido, creemos que el Congreso de la Nación tiene la responsabilidad de preservar a la ciudadanía de estos discursos y su difusión que al naturalizarse neutralizan su dimensión delictual e incitan a actos graves», consideran.
En materia de la legislación judicial, los firmantes fundan su denuncia en «lo dispuesto en la Constitución Nacional (arts. 53,59 y 60) en lo que respecta al juicio político del presidente de la nación, así como en la normativa internacional (art. 75 inc. 22) respecto de la protección integral a los Derechos Humanos».
El documento lleva las firmas de Carlos Alberto Rozanski, Dora Beatriz Barrancos, Liliana Hendel, Bettina Calvi, Natalia Verónica Amatiello, Luisa Kuliok, Nora Schulman, María Beatriz Müller y Enrique Stola (sumado a los firmantes del domicilio electrónico en juiciopoliticomilei@gmail.com).
