El fiscal de Estado de Entre Ríos, Julio Rodríguez Signes, reveló que el gobierno provincial prepara una nueva demanda contra el gobierno nacional por las diferencias en las liquidaciones de excedentes de fondos de Salto Grande, originadas en las sucesivas resoluciones de la Secretaría de Energía de la Nación, que deprimieron el precio que se le reconocía a la represa.

Se refirió a las acreencias que la provincia de Entre Ríos mantiene con el gobierno nacional, en virtud de la propuesta que hizo la semana pasada la administración de Javier Milei de establecer un Régimen de Cancelación de Obligaciones Recíprocas entre Nación y las provincias, más la Ciudad de Buenos Aires.

El fiscal de Estado valoró en principio positivamente la propuesta: “Yo creo que le sirve a todas las provincias”, pero aclaró enseguida que Entre Ríos no tiene compromisos en mora con Nación y que este Régimen propuesto le servir podría para pagar deudas por adelantado tal vez con el propósito de mejorar el perfil de la deuda provincial, “pero esa es una decisión del Ministerio de Economía de la provincia”, advirtió.

Rescató también que el Régimen de Cancelación de Obligaciones Recíprocas le daría a Entre Ríos un camino más expedito para la resolución de los reclamos que están actualmente judicializados porque dejarían la Corte Suprema para volver a la vía administrativa.

Precisó que esas acreencias suman alrededor de 150 mil millones de pesos por conceptos previsionales, “una masa salarial”, comparó y unos 2.500 millones por los intereses devengados por la falta de pago de excedentes de Salto Grande durante los primeros meses de la gestión de Javier Milei.

Estos montos están demandados ante la Corte Suprema de Justicia de la Nación, que es donde se dirimen las diferencias entre distritos, por “cobro de pesos”, especificó Rodríguez Signes, en referencia a que no hay pendiente ninguna diferencia de interpretación ni de cuantificación, sino que se trata solamente de un compromiso incumplido por la Nación.

Además de estos conceptos, Entre Ríos reclama los recursos faltantes para atender los contratos firmados por el gobierno nacional para la realización de obras en la provincia, que estimó el Fiscal de Estado en unos 10 mil millones y está en estudio el reclamo por la “detracción”. ”. de fondos” de la coparticipación para el sostenimiento de la Afip, ahora disuelta.

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