Por Redacción Especial

Un kilómetro antes de llegar al peaje de Arroyo Yeruá, sobre una de las rutas más transitadas de Entre Ríos, se vivieron escenas dolorosas y profundamente conmovedoras. Un camión frigorífico que transportaba carne de un reconocido establecimiento local volcó, esparciendo su carga a la vera del camino. Lo que siguió fue una postal angustiante: decenas de personas, hombres, mujeres y niños, se lanzaron desesperadamente sobre los restos del cargamento, intentando rescatar lo que pudieran de ese accidente fortuito.

No era rapiña, era necesidad.
No era vandalismo, era hambre.

Las imágenes, captadas por automovilistas que presenciaron la escena, estremecen. Cuerpos amontonados sobre pedazos de carne aún cruda, forcejeos, gritos y empujones entre quienes, desesperadamente, buscaban asegurarse un pedazo de alimento. Una postal que remite inevitablemente a los años más oscuros del país: saqueos, desesperación social, colapso del tejido de contención estatal.

La escena no puede sino recordar otro episodio que marcó a fuego la memoria colectiva argentina: el faenamiento público de animales tras el vuelco de un camión jaula en plena autopista Rosario-Buenos Aires en los albores del siglo XXI. Aquella vez también se dijo que era un hecho aislado. Pero no lo fue. Y hoy, dos décadas después, la historia se repite.

La pregunta es inevitable: ¿cuántos episodios como este serán necesarios para que quienes gobiernan entiendan que el pueblo tiene hambre?

Este hecho es más que un accidente: es una radiografía del presente argentino. Una sociedad llevada al límite, donde la supervivencia reemplaza a la dignidad y donde la falta de respuestas empuja a la gente a comportamientos extremos.

La responsabilidad no puede ocultarse. El gobierno nacional, encabezado por Javier Milei, ha elegido el camino de la crueldad sistemática: mano dura con los más débiles, indulgencia y complicidad con los grupos económicos más poderosos, nacionales e internacionales. A este modelo se suman gobiernos provinciales y municipales que, con temor o conveniencia, eligen callar ante la destrucción social, pero no dudan en ajustar sobre docentes, jubilados y trabajadores estatales.

Un mundo del revés: donde se protege a los que más tienen y se castiga a los que apenas subsisten.

El episodio de Arroyo Yeruá no es una anécdota. Es una advertencia. Es un grito. Es el reflejo más crudo de un país quebrado.

Y si seguimos mirando para otro lado, lo que hoy fue un camión volcado mañana será un pueblo entero arrodillado.

Porque el hambre no espera, y la dignidad no se mendiga.

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