El vocal del Tribunal de Juicio y Apelaciones de Gualeguay, Darío Crespo, declaró a Juan Enrique Ruiz Orrico autor material y penalmente responsable del delito de “homicidio culposo agravado por el nivel de alcoholemia y por la cantidad de víctimas”, en el marco del siniestro vial ocurrido el 20 de junio de 2024 en el departamento Concepción del Uruguay Department.
El hecho se produjo a la altura del kilómetro 123 de la Ruta Provincial 39 y tuvo como víctimas fatales a Brian Izaguirre, Lucas Izaguirre, Leonardo Almada y Axel Rossi, quienes fallecieron a raíz del impacto.
En la sentencia, el magistrado impuso una pena de cinco años y ocho meses de prisión efectiva, además de la inhabilitación especial para conducir vehículos con motor por el término de nueve años, junto con las accesorias legales previstas en el Código Penal.
Aplicación de la pena
La pena comenzará a cumplirse una vez que la sentencia quede firme, momento en el que el condenado será alojado en una unidad penal que determine el Servicio Penitenciario de Entre Ríos, según la disponibilidad de cupos. Posteriormente quedará a disposición del Juzgado de Ejecución de Penas y Medidas de Seguridad competente.
Asimismo, el juez resolvió mantener y prorrogar las medidas cautelares que pesan sobre el acusado, las cuales habían sido dispuestas inicialmente por el Juzgado de Garantías N° 2 de Concepción del Uruguay y posteriormente confirmadas y ampliadas por el Tribunal de Apelaciones de esa ciudad y por la Cámara de Casación Penal de Concordia.
Entre esas medidas se incluye la obligación de acreditar documentalmente las razones de cualquier salida del departamento Uruguay que cuente con autorización judicial, así como la prohibición absoluta de salir del país sin permiso de la Justicia. Estas restricciones continuarán vigentes hasta que la sentencia adquiera ejecutoriedad.
Como continúa la investigación
El magistrado rechazó el pedido formulado por la Fiscalía y por las querellas para que se dispusiera la detención inmediata del acusado y el inicio de la ejecución de la pena, al considerar que dicha solicitud resultaba improcedente en esta etapa del proceso.
En la resolución también se dispuso el destino de los elementos secuestrados durante la investigación, facultando al Ministerio Público Fiscal a realizar las diligencias necesarias respecto de esos efectos y habilitando el decomiso en los casos que correspondan.
Además, el juez dejó constancia de las solicitudes de regulación de honorarios presentadas por los representantes legales de las querellas, los abogados Arcusin y Rosatti, cuya resolución se tratará oportunamente. En tanto, al no haber sido requerido por la defensa técnica, no se fijaron honorarios en ese aspecto.
Finalmente, el tribunal impuso las costas del proceso al acusado, conforme lo previsto en el Código Procesal Penal de Entre Ríos. La sentencia completa, con sus fundamentos, será dada a conocer el próximo 17 de marzo a las 8:30 en audiencia, quedando las partes notificadas por simple lectura y con acceso a la resolución en formato digital
