17 marzo, 2026 11:39
Lo que debería ser una política básica de seguridad y desarrollo hoy se ha convertido en el reflejo de una desidia inadmisible que deja a miles de entrerrianos librados a su suerte cada vez que salen a la ruta.
Por Mariano Giampaolo:
Con más de 30 años de ejercicio profesional en el ámbito del derecho aplicado a la accidentología, observamos con creciente preocupación el sostenido aumento de siniestros viales en las rutas entrerrianas, muchos de ellos con consecuencias gravísimas en términos de lesiones y pérdidas humanas. Dentro de ese universo, resulta cada vez más evidente la incidencia directa de factores estructurales como el deterioro de la calzada, la deficiente o nula iluminación y la ausencia de señalización adecuada.
Fin de semana fatal
Este fin de semana seis personas murieron en distintos siniestros viales ocurridos en la provincia. Las tragedias se registraron en un camino rural del departamento Nogoyá, en la Ruta 127 y en la Autovía 14. Hubo choques entre vehículos, el impacto contra un camión y un despiste con vuelco que terminó con víctimas fatales.
Tres tragedias distintas, en puntos diferentes del territorio entrerriano, pero con un mismo denominador común: rutas deterioradas, abandonadas y sin el mantenimiento que cualquier red vial mínimamente responsable debería tener.
En este contexto, corresponde analizar la responsabilidad concurrente del Estado, tanto en su órbita nacional como provincial, frente a la omisión en el cumplimiento de sus deberes de mantenimiento, prevención y educación vial. La siniestralidad no responde a una causa única, sino a una concausalidad compleja, donde intervienen múltiples factores; por ello, resulta jurídicamente improcedente y socialmente injusto atribuir de manera automática la culpa a las víctimas
Estadísticas que duelen
Las estadísticas son contundentes. En lo que va de 2026, la Policía de Entre Ríos
intervino en 109 siniestros viales con personas lesionadas. Enero fue el mes con
mayor número de víctimas fatales y también se registraron accidentes con múltiples
heridos y fallecidos.
De acuerdo con los datos oficiales, durante enero se registraron 28 víctimas fatales, mientras que en febrero se contabilizaron siete fallecidos. En lo que va de marzo, en tanto, ya se suman diez víctimas fatales. Al día de hoy tenemos que hablar de 45 víctimas fatales en toda la provincia de Entre Ríos.
Detrás de cada número hay historias truncas, familias destruidas y comunidades enteras que deben convivir con tragedias que muchas veces podrían haberse evitado.
Es cierto que la responsabilidad al volante existe y que conducir con prudencia es una obligación de cada ciudadano. Pero pretender reducir el problema únicamente a la conducta de quienes manejan es, en el mejor de los casos, una simplificación irresponsable; y en el peor, una forma deliberada de esquivar las responsabilidades del Estado.
La infraestructura vial salva vidas. Cuando esa infraestructura se abandona, el riesgo deja de ser una posibilidad y se transforma en una certeza. La Argentina parece haber naturalizado una lógica perversa donde la víctima termina siendo el principal “chivo expiatorio” del discurso oficial. Siempre se busca
señalar al conductor, al peatón o a quien sufre la tragedia, mientras se evita discutir el rol de quienes tienen la obligación de garantizar rutas seguras.
Cada una de esas maniobras forzadas multiplica el riesgo de un accidente
Si a este escenario le sumamos corredores con una altísima densidad de tránsito, como la Autovía de la Ruta Nacional 14, la situación se vuelve todavía más preocupante. En varios de sus tramos, su estado actual recuerda peligrosamente a la vieja Ruta 14, tristemente conocida durante años como la “ruta de la muerte”.
La realidad es que la obra pública ha sido relegada a un segundo plano en la agenda política. Y cuando la infraestructura vial se abandona, las consecuencias no tardan en aparecer. Sin mantenimiento, sin controles y sin planificación, muchas rutas nacionales y provinciales se han transformado lentamente en verdaderas trampas mortales.
Cada tragedia vuelve a encender el debate durante algunos días, pero luego todo parece volver a la normalidad. Sin embargo, para las familias que pierden a un ser querido, no hay normalidad posible.
Las rutas no son solo caminos. Son arterias productivas, corredores estratégicos y espacios por donde circulan miles de trabajadores, estudiantes y familias todos los días. Permitir que se deterioren hasta niveles críticos no es solo una negligencia administrativa: es una irresponsabilidad que pone vidas en peligro.
Las muertes de este fin de semana deberían ser una advertencia imposible de ignorar. Porque cuando el Estado abandona la obra pública, las rutas se rompen. Y cuando las rutas se rompen, las tragedias dejan de ser accidentes para convertirse en consecuencias.
El abandono de políticas públicas sostenidas —incluyendo la falta de campañas de concientización y acciones concretas más allá de intervenciones aisladas— agrava este cuadro. En virtud de ello, avanzaremos en el análisis y eventual promoción de acciones y denuncias ante los organismos competentes, a fin de determinar y exigir las responsabilidades correspondientes por estas muertes y lesiones evitables.
Mariano Giampaolo
Abogado
