El ex ministro de Transporte de la Nación fue procesado por el juez Rodolfo Canicoba Corral en la causa que lo investiga por la renegociación de concesiones viales durante el macrismo.

El juez federal Rodolfo Canicoba Corral procesó al ex ministro de Transporte de la Nación, Guillermo Dietrich, en la causa la renegociación de contratos de peajes con el Estado durante el gobierno de Cambiemos. También le trabó un embargo de 500.000.000 de pesos.

Ya fueron procesados en la causa el ex titular de Vialidad Nacional, Javier Iguacel, y el ex Procurador del Tesoro Nacional, Bernardo Saravia Frías, también por administración fraudulenta en perjuicio de la administración pública.

“Cada uno imputados realizó, en el marco de las respectivas competencias funcionales que ostentaban, el aporte necesario para que la maniobra se desarrollara del modo planeado”, sostuvo el juez al dictar el procesamiento de Dietrich.

En el caso se debaten las irregularidades en la prórroga de los contratos de concesión a Ausol y Grupo Concesionario Oeste, por los peajes de la Panamericana y el Acceso Oeste.

Dietrich se presentó la semana pasada ante el juez federal Canicoba Corral en un trámite que se realizó de manera remota a través de la plataforma Zoom, en función de las limitaciones impuestas por la pandemia de coronavirus. El ex funcionario entregó un escrito de 130 páginas que fue incorporado por sistema y se negó a contestar preguntas, según informaron fuentes judiciales.

En el escrito, rechazó haber cometido delitos en la renegociación de contratos de peaje y dio detalles técnicos sobre cómo fue esa operatoria, a la vez que recusó al juez Canicoba Corral por «parcialidad manifiesta» y por el supuesto «manejo arbitrario» del expediente, explicaron fuentes del caso.

Dietrich está sindicado como uno de los responsables de haber beneficiado a Autopistas del Sol (AUSOL) y al grupo Consecionario Oeste S.A. con la prolongación de las concesiones en Acceso Norte y Acceso Oeste, sin licitación, hasta el 2030, en un acto que incluyó el reconocimiento de supuestas deudas por atrasos tarifarios por 499 millones de dólares y 247 millones de dólares respectivamente.

Según el expediente judicial, el acuerdo que habilitó la prolongación de los contratos se dio durante el gobierno de Mauricio Macri, luego de que las empresas –que tenían vinculación comercial con el grupo que integraba el expresidente– formularan un planteo administrativo y una demanda ante el tribunal arbitral internacional CIADI, pocos días antes de que Cristina Fernández de Kirchner dejara la jefatura del Estado.

Para los investigadores, esas dos demandas, presentadas recién después de más de 15 años de supuestos atrasos y ante un seguro cambio del signo político del gobierno, constituyeron un escenario ficticio en el cual las empresas no tenían posibilidad de imponerse, y que sirvió como excusa para que el gobierno de Macri extendiera los contratos y reconociera la supuestas deudas.

En su defensa, sin embargo, Dietrich sostuvo que le ahorró al país «un juicio millonario que iban a pagar todos los argentinos; mejoró notablemente las condiciones para el Estado reconociendo un tercio de los montos reclamados; bajó los intereses estirando el tiempo de repago por peaje para que las obras las paguen sólo quienes las usan evitando subas exorbitantes y logró nuevas inversiones en obras fundamentales».

Fuente: Minuto Uno.