La Unión Obrera de la Construcción de la República Argentina (Uocra) se declaró en «estado de alerta y asamblea permanente en todas las obras del país» ante la pérdida de puestos de trabajo en el sector «producto de la paralización de las obras públicas dispuesta por el gobierno nacional».

Asegura que en los últimos dos meses se perdieron 50 mil puestos de trabajo directos y 100 indirectos a causa de la suspensión de obras públicas.

Además, la Uocra señaló que otra de las motivaciones para llevar adelante esta medida fue por «la desaceleración de la inversión que pone en riesgo la continuidad de las obras privadas en ejecución y su consecuente impacto en la continuidad laboral de los trabajadores y trabajadoras en actividad y la ausencia de gestión e interlocutores válidos por parte del poder ejecutivo nacional, que se desentiende de la problemática que afecta a nuestra industria».

Sobre los puestos de trabajo, detallaron que, en los últimos dos meses, se perdieron 50 mil empleos directos y más de 100 mil indirectos «como consecuencia de la desfinanciación y consecuente paralización de las obras públicas en ejecución por parte del actual gobierno, situación que pone en grave riesgo la continuidad laboral de gran parte de la actividad de la construcción».

En ese sentido explicaron que «la obra privada no ha alcanzado aún niveles de actividad que compensen la drástica caída y nada indica que los privados sustituyan finalmente el rol y el financiamiento estatal en materia de infraestructura pública».

En cuanto al contexto en el que se da esta ola de pérdida de puestos de trabajo, detallaron que el país afronta una «caída abrupta y generalizada de la actividad económica» y que este panorama «se agrava en la industria de la construcción por la reticencia del sector empresario a acordar una recomposición salarial justa y suficiente que preserve el poder adquisitivo», expresaron con preocupación.

Por último, desde la Uocra apuntaron contra el gobierno nacional por «no responsabilizarse de las consecuencias económicas, laborales y sociales de sus propias medidas». Además, cuestionaron que «no convoque al diálogo social y ponga en riesgo la seguridad jurídica en materia de inversión en obras públicas» ya que consideraron que resultan afectadas las «impostergables demandas por desarrollo económico y social de todas las regiones del país», concluyó.

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