24 agosto, 2026 14:12
La polémica por la reinstalación del cartel que señaliza al Regimiento de Caballería de Tanques 6 “Blandengues” de Concordia como Sitio de Memoria sumó un nuevo capítulo este domingo, luego de que organismos de Derechos Humanos respondieran públicamente a las declaraciones realizadas por el concejal Felipe Sastre.
A través de un comunicado remitido a la redacción de El Concordiense, desde la Multisectorial rechazaron las afirmaciones del edil concordiense y cuestionaron especialmente que hubiera calificado de “mentiroso” al cartel reinstalado durante el fin de semana.
Según detallaron, la señalización fue colocada originalmente en 2021 y debió ser restituida nuevamente después de haber sido destruida en una oportunidad y posteriormente haber “desaparecido”. Los organismos señalaron que su reinstalación fue impulsada como una forma de preservar la memoria y contribuir a evitar la repetición de crímenes contra la humanidad.
La controversia comenzó luego de que Sastre sostuviera públicamente que “el cartel dice algo que no es cierto” y afirmara que se había reinstalado “un cartel mentiroso” que señalaba al Regimiento como Sitio de Memoria por haberse cometido allí “supuestos delitos de lesa humanidad”.
Frente a esas manifestaciones, los organismos respondieron que los acontecimientos señalados no se sustentan únicamente en interpretaciones históricas, sino que —según remarcaron— fueron materia de investigaciones y sentencias de la Justicia Federal.
En ese sentido, el comunicado menciona expresamente las causas conocidas como “Appiani” y “Harguindeguy”, y sostiene que allí fueron acreditados hechos ocurridos durante la última dictadura militar. También recuerda que Naldo Miguel Dasso, quien se desempeñaba como jefe del Área 225 y estaba a cargo del Regimiento de Tanques 6, fue condenado a prisión perpetua, indicando además que esa condena fue posteriormente confirmada por la Corte Suprema de Justicia de la Nación.
El documento difundido por los organismos reproduce además extractos judiciales y menciona diferentes víctimas que, de acuerdo con las causas citadas, fueron privadas ilegalmente de su libertad y trasladadas al Regimiento de Concordia.
Entre los nombres señalados aparecen Julio Solaga, Sixto Francisco Salazar, Valerio Sánchez y Jorge Papetti. El comunicado afirma además que en ese ámbito estuvieron detenidos y fueron torturados concordienses y que también existieron casos de violencia sexual contra prisioneras políticas.
Uno de los fragmentos de sentencia incorporados al documento señala que existían testimonios y prueba documental que acreditaban que determinadas víctimas habían sido privadas ilegalmente de su libertad en Concordia y llevadas al entonces Regimiento de Tiradores Blindados 6 “Blandengues” y/o a la cárcel local, y que en algunos casos habían padecido apremios ilegales y distintas formas de tortura.
A partir de esos antecedentes, la Multisectorial calificó como “negacionista” la postura expresada por Sastre y cuestionó que se desconozcan hechos que, de acuerdo con su posición, fueron establecidos en procesos judiciales.
Otro de los cuestionamientos formulados por el concejal estuvo vinculado a la habilitación administrativa para colocar la señalización.
Según reprodujeron los organismos, Sastre sostuvo que el cartel “no cuenta con la debida autorización de la Secretaría de Obras Públicas de la Municipalidad ni mucho menos del Concejo Deliberante”.
La Multisectorial respondió que desde marzo venía informando a la Municipalidad de Concordia sobre la intención de reinstalarlo y aseguró que las presentaciones realizadas no fueron formalmente abordadas por las autoridades comunales.
Sin embargo, los organismos sostuvieron que la autorización municipal no constituye el argumento central de la cuestión y señalaron que la colocación se encuentra comprendida dentro de la Ley Nacional Nº 26.691, de preservación, señalización y difusión de Sitios de Memoria del Terrorismo de Estado.
El comunicado remarca que esa legislación establece al Ministerio de Justicia de la Nación como autoridad de aplicación y asegura que dicho organismo autorizó la reinstalación del cartel en Concordia.
En el cierre del documento, los organismos endurecieron las críticas contra el edil concordiense y reivindicaron que su posición se encuentra respaldada, según expresaron, tanto por antecedentes judiciales como por la legislación nacional.
“Afirmamos verdades jurídicas y nos guiamos por la ley”, señalaron en uno de los últimos pasajes, para luego cuestionar lo que calificaron como “ignorancia jurídica” por parte de un integrante del Concejo Deliberante y remarcar que quienes ocupan cargos públicos deberían manifestarse especialmente contra los crímenes de lesa humanidad.
