12 octubre, 2017 20:36
Es el cuarto fallo en pocos meses que pone límites a las decisiones de la Cámara del Trabajo; en medio del debate sobre la reforma laboral y tras la embestida del Ejecutivo.
En pleno debate público por una inminente reforma de algunas leyes y convenios de trabajo, la Corte Suprema sigue marcándole límites al fuero laboral. Ayer, por un lado, revocó otra vez un fallo de la Cámara Nacional de Apelaciones del Trabajo que avalaba un incremento en la indemnización por un accidente laboral fatal; y por el otro, dejó sin resolver la disputa que mantienen el fuero laboral y el civil por la constitucionalidad de parte de la reforma de la Ley de ART de 2012.
Después de su fallo revocatorio de una decisión de la Cámara del Trabajo la semana pasada, ayer la Corte insistió con esa señal política y volvió a sostener que los jueces laborales no pueden incrementar el importe de la indemnización. Con la firma de Ricardo Lorenzetti, Elena Highton de Nolasco, Juan Carlos Maqueda y Carlos Rosenkrantz y la disidencia de Horacio Rosatti, el tribunal desautorizó a la Cámara.
El reclamo era de la madre de un trabajador fallecido en un accidente laboral, en 2005, que demandó a la ART la indemnización tarifada de la Ley de Riesgos del Trabajo. En primera instancia, la aseguradora fue condenada a pagar $ 786.320,57, tomando en cuenta no las tarifas legales que estaban vigentes cuando ocurrió el accidente sino el reajuste de esas tarifas dispuesto, tiempo después, por la ley 26.773 (dictada en el año 2012). La sentencia fue apelada por la ART, pero los jueces de la Sala X de la Cámara Nacional de Apelaciones del Trabajo, Daniel Stortini y Enrique Brandolino, la confirmaron.
Ahora, la Corte dio marcha atrás con lo resuelto: dijo que la Cámara no dio un «tratamiento adecuado a los agravios de la aseguradora debido a una incorrecta lectura del fallo sometido a revisión» ya que los camaristas sostuvieron que correspondía confirmar el monto de «la acción civil ejercida por la actora» cuando el reclamo admitido por el juez de primera instancia estaba fundado en la Ley de Riesgos del Trabajo.
Según el máximo tribunal, la Cámara omitió analizar los planteos de la ART relativos a que las mejoras dispuestas en la ley 26.773 no resultaban aplicables al caso porque el accidente había sido anterior a su entrada en vigencia; siguiendo un criterio que fue establecido por la misma Corte un año atrás, en la sentencia del 7 de junio de 2016.
Rosatti, en tanto, votó por la desestimación del recurso de la ART por considerarlo inadmisible.
Por otra parte, también por mayoría, la Corte se abstuvo de pronunciarse sobre la constitucionalidad de la ley que obliga a los trabajadores a demandar por accidentes de trabajo ante la Justicia civil y no ante la laboral. Lorenzetti, Highton y Rosenkrantz entendieron que no les correspondía fallar; mientras que Maqueda y Rosatti declararon la inconstitucionalidad.